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La Política Pública que nunca debemos olvidar, La Kristallnacht, @APOPTWITT




El 9 de noviembre de 1938, los nazis desataron una muy bien planificada Política Pública de odio, de pánico, pavor, violencia y terrorismo contra la comunidad judía en toda Alemania.

“Kristallnacht”, que alemán significa “Noche de los Cristales”, fue el nombre que se le dio a una de las Políticas Públicas, de la más funesta noche que la humanidad haya vivido, conocido y ha podido recordar, pues en esa trágica noche hubo más que vidrios rotos, ya que tropas de asaltos y ciudadanos comunes, muy bien instruidos, en Políticas Públicas de odio, saquearon hogares y comercios judíos en decenas de ciudades alemanas, que con mazos destruyeron casas, edificios, sinagogas y con porras y otros instrumentos golpearon a inocentes personas, que tenían como solo delito el ser judío y el contribuir con su esfuerzo creador de trabajo al desarrollo y progreso de Alemania.

Esa nefasta noche, del 9 de noviembre de 1938, dio inició, a la gran Política Pública nacista de persecución del pueblo judío, en Alemania, Viena, Austria, en donde el odio, el resentimiento, el racismo, el fundamentalismo y la violencia, de los seguidores del criminal Adolf Hitler, destruyeron esa noche alrededor de 1.500 sinagogas, centenares de cementerios judíos y más de 7.000 negocios y más de 30.000 personas fueron detenidas, y abriéndose de esa manera las puertas de la Política Pública de los campos de concentración y extermino donde murieron más de 6 millones de judíos.

La razón motivadora tomada por los vándalos que rompieron vidrios y generaron muertes, se debió más que a una represalia por el asesinato de un funcionario de la embajada almena en Paris, de nombre Ernst vom Rath, de manos de Herschel Grynszpan, un judío polaco, de 17 años, el 7 de noviembre de 1938, a una buena excusa para exterminar a la comunidad judía dentro del Tercer Reich. El Ministro de Propaganda nazi, Joseph Göbbels, tomó, el asesinato del joven Von Rath, como el mejor de los motivos para dar el preanuncio de la Política Pública de las atrocidades de El Holocausto.

El 9 de noviembre, de este año se llega a los 76 años, de ese vil y deplorable acontecimiento, que la humanidad no debe olvidar y recordarlo siempre como una extraordinaria reflexión, de Política Pública, para que nunca jamás vuelvan a suceder tales actos de odio y violencia, contra los seres humanos. Esa noche, la de Los Cristales Rotos, se cometieron, agraviamientos, humillaciones, abusos, ofensas, violaciones, maltratos, delitos, muertes entre otras tantas barbaridades, y que por la falta de información, por un lado y por el otro por razones e intereses fundamentalistas, la humanidad no le dio, ni le ha dado la importancia a ese hecho de Política Pública, histórica, política, religiosa, social, cultural y económica, que tuvo y tiene, esa noche y las muchas otras noches después, donde miles de miles de familias judías sufrieron persecución y muerte, por el solo hecho de defender y practicar su Política Pública religiosas y de ciudadanos, como forma y manera de ser el pueblo escogido por Dios.

Kristallnacht, fue la noche donde la Política Pública de odios, violencia y la terrorismo, rompieron los cristales del corazón del pueblo judío y de la humanidad, por eso hoy cuando recordamos esa trágica noche de rencor e intimidación, de Los Vidrios Rotos, solo nos queda hoy después de 76 años recoger esos vidrios rotos por el odio y la violencia y convertirlos en una Política Pública de vidrios de amor y paz para bien de nuestro corazón y el bien del corazón de la humanidad.

“Acusación contra López no resiste un análisis en Derecho Penal”, por @AlexVasquezS



José Antonio Viera-Gallo, eviado por la Internacional Socialista, aseguró que la detención contra el dirigente es arbitraria 

José Antonio Viera-Gallo sabe, con propiedad, de dictaduras y de cómo derrotarlas, pues combatió la de Augusto Pinochet desde la Concertación de Partidos en Chile. Estuvo en Caracas, enviado por la Internacional Socialista, para informarse sobre la situación de los presos políticos, especialmente la de Leopoldo López, a quien intentó visitar el sábado sin éxito: “Fue una experiencia amarga, chocante”.

El político chileno opinó que la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria –que recomendó liberar a López– es seria: “Quizá no es vinculante, pero una decisión de un organismo de esa naturaleza debe ser tomada en cuenta como un antecedente muy importante al momento de resolver la causa. No veo que la jueza haya fundamentado bien su decisión de mantener a López en una prisión, que es arbitraria”, señaló.

El jurista aseguró que la acusación contra López carece de fundamento, porque basa su argumento en que habría una instigación tácita, en sus discursos, a que las personas que manifestaron en febrero cometieran actos de violencia. “Eso no resiste ningún análisis serio en materia de Derecho Penal. Ya la idea de instigar a la violencia es algo extremadamente vago y, en general, eso no es aceptado como tipificación de una conducta sancionada penalmente”, señaló.

Que la jueza argumentara que el Grupo sobre la Detención Arbitraria no está establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Viera-Gallo lo considera un sofisma, una argucia. Admitió que quizá el Grupo no emanó directamente de ese pacto, pero ha sido reconocido por la comunidad internacional.

Advirtió que vendrá un pronunciamiento sobre Venezuela, esta vez del Comité contra la Tortura, obligado a vigilar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos, que el país ratificó: “Si eso llega a salir, la jueza no podrá decir lo mismo”.

Aclaró que no hay razón para que el juicio se haga con López tras las rejas: “Solo por excepción se puede mantener al acusado preso: porque es un peligro para la sociedad, porque puede burlar la acción de la justicia, que no ocurre porque se entregó voluntariamente, o porque es un peligro para las víctimas. Nada de eso pasa”.

Socialismo
Viera-Gallo conoce de derechos humanos, pues en el exilio, que lo obligó a vivir en Roma tras el golpe de Pinochet, perteneció al Sistema de Información y Documentación sobre Derechos Humanos. Además, su experiencia política –ha sido desde diputado hasta secretario general de la Presidencia de Michelle Bachelet– lleva el tatuaje del socialismo: fue subsecretario de justicia en el gobierno de Salvador Allende y miembro del Partido Socialista.

Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno lo tilde de defensor de la “ultraderecha”, se ríe, al principio, pero luego su semblante se agrava: “Los derechos humanos tienen que ser respetados en todas partes. No importa cómo piensen las personas. El cardenal Raúl Silva Henríquez, en Chile, decía que al amparar a un perseguido no preguntaba si era comunista, socialista, liberal o conservador. ‘Primero lo amparo, luego tendrá derecho a opinar a quien quiera’. A los que somos de izquierda nos duele cuando hay una violación de derechos humanos en un gobierno que invoca ideas de izquierdas”, sentenció.

Economía y crisis
Opinó que el gobierno debe fijar un itinerario claro para normalizar el país, especialmente ante la compleja situación económica, signada por la falta de divisas, la escasez y la inflación.

“Venezuela ha decrecido económicamente, en cambio otros países, incluso del ALBA, han tenido un crecimiento importante, como Bolivia. Las fuerzas del gobierno tienen que ir definiendo un camino de normalización del país”, expresó.

Advirtió que en países latinoamericanos las crisis económicas son las que desatan las crisis políticas. Eso fue lo que ocurrió en Chile en 1982, cuando había una desocupación de casi 40% que desencadenó las protestas.

“Si los regímenes, aunque sean dictatoriales, son exitosos económicamente, tienen mayor consenso y apoyo. El problema es cuando a falta de libertades se suma escasez, falta de empleo, pérdida de poder adquisitivo, restricción de divisas. Una crisis que nadie sabe cómo se va a desarrollar”, señaló.

Diálogo
Advirtió sobre la necesidad de que en Venezuela el diálogo social y político sea fluido, que incentive la convergencia de opiniones, para que el país pueda caminar al desarrollo.

“La polarización, entre otras cosas, lo que trae es desconfianza, falta de inversión, de creación de puestos de trabajo y problemas internacionales. Yo creo que por eso la comunidad internacional ha llamado a que se abra un diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela”, dijo.

Celebró que ese diálogo se busque de nuevo, como se refleja en declaraciones del secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, o en declaraciones de líderes de oposición.

Aclaró que, aunque no funcionó antes, el diálogo no debe condenarse: “La política es muy variable, lo que ayer no resulta puede ser que resulte mañana. Si no es por la vía del diálogo, es muy difícil que Venezuela solucione sus dificultades económicas, sociales y políticas. Pero para que sea sincero, debe haber voluntad de ambas partes”.

Medios
El político chileno lamentó que haya amenazas a medios independientes en el país. Dijo que la libertad de expresión es una bandera democrática fundamental, pues, donde no existe, la democracia sufre: “Es el aire que permite que la gente esté informada, participe y controle al poder”.

Aclaró, sin embargo, que con las redes sociales impedir la libertad de expresión es casi imposible, porque todo se sabe de inmediato.

“Cualquier acción de cualquier gobierno que pretenda limitar la libertad de expresión en un medio tradicional es algo absurdo, porque en las redes fluye la información y ningún gobierno lo puede controlar”, agregó.

Unidad, protesta y elección
Tras la visita de José Antonio Viera-Gallo, la Internacional Socialista manifestó en un comunicado su preocupación por las violaciones de los derechos humanos y la falta de independencia judicial.

Intentó reunirse con el gobierno y no pudo, pero sí con Ramón Guillermo Aveledo, coordinador internacional de la MUD.

El jurista dio un consejo a la oposición: “La precondición de cualquier estrategia exitosa para una oposición es la unidad y cualquier divergencia profunda la condena a la esterilidad. En nuestra lucha contra el régimen de Pinochet hubo momentos en que fue muy importante la movilización social, a través de protestas, pero hubo un momento muy significativo en que usamos los métodos electorales, el plebiscito creado por el propio dictador y triunfamos. ¿Se habría triunfado sin protesta? Seguramente no. ¿Habríamos tenido éxito solo en protesta? Tal vez no”.

No hay espacio para la privacidad en el paraíso socialista del chavismo

Venezuela es un importante puente del narcotráfico, y la presencia de grupos terroristas como el Hezbolah y las FARC ha sido documentada desde hace años, pero los organismos de inteligencia del chavismo gastan la mayor parte del tiempo espiando a periodistas, a dirigentes de la oposición y hasta las quejas por Twitter de ciudadanos comunes, viendo en éstos la verdadera amenaza para la revolución.

Cientos de documentos filtrados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) muestran el grado de desconfianza que siente el gobierno venezolano de sus ciudadanos, cuyas llamadas telefónicas, correos electrónicos y comentarios por las redes sociales son monitoreados constantemente.

Y esto representa un significativo cambio de filosofía.

“Las aspiraciones del actual servicio de inteligencia venezolano es saberlo todo de todos. Eso se amolda, es el claro acompañante, del modelo político que están tratando de aplicar en Venezuela, que es totalitarista”, explicó el abogado y asesor en materia de seguridad Helly Angel.

Antes del chavismo, las actividades del Sebin -- en esa época conocida como Disip --estaban concentradas en la lucha contra el narcotráfico y la subversión.

Pero ese ya no es el caso.

“Aquí se desnaturalizó todo, de la mano con el cambio de naturaleza del régimen hacía un modelo donde no hay espacio para la privacidad, y la disidencia de ideas. Ellos lo espían todo, incluso a los integrantes de sus propios cuadros”, agregó Angel.

Varios ex funcionarios del Sebin consultados para la elaboración de la actual serie sobre las operaciones de inteligencia de Cuba y Venezuela resaltaron que hoy en día la prioridad de los organismos de seguridad venezolanos es espiar a la población.

Para ello, el chavismo ha gastado millones de dólares en la adquisición de sofisticados equipos que le permite leer los correos electrónicos y escuchar las conversaciones de millones y millones de venezolanos.

Los funcionarios, que colaboraron con la actual serie otorgando varias horas de entrevistas, señalaron que las agencias de seguridad pueden leer todo correo electrónico y toda búsqueda online realizada a través de la estatal telefónica CANTV, sin que los funcionarios necesiten las claves del usuario para ver su correo.

Y el material obtenido a través del espionaje electrónico es utilizado para elaborar gigantescos mapas sobre la interrelación entre miles de personas consideradas “de interés” por sus ideas políticas y por el grado de influencia que ejercen.

“Así es que poco a poco se va construyendo una gigantesca telaraña”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.

Entre las decenas de documentos obtenidos por el Nuevo Herald se encuentran múltiples informes elaborados por personal del Sebin sobre algunas personalidades claves del país petrolero.

El periodista Alberto Federico Ravell, antiguo director del canal de noticias Globovision, estuvo en la mira de los agentes durante gran parte del 2012, según recogen los documentos, con el Sebin tomando nota de las llamadas telefónicas que recibía y de cuanto tiempo conversaba con ellos.

Entre las líneas de teléfonos monitoreadas, estaban algunos números celulares de Ravell, así como los teléfonos de línea fija del portal de noticias La Patilla.com, donde el ex director de Globovision es uno de los principales accionistas.

Pero las comunicaciones de Ravell son solo una de las muchas registradas en los documentos, con los funcionarios del Sebin registrando las llamadas y las comunicaciones a través de correos electrónicos de políticos como Henrique Capriles, María Corina Machado y Julio Borges, entre otros.

Los documentos, fechados entre el 2010 y el 2013, ilustran una especial preocupación por las actividades en Twitter del ciberactivista @LucioQuincioC , quien en el 2012, operaba bajo el seudónimo @fredliberty.

Entre los documentos aparecen varios de los intercambios por Twitter que @fredliberty realizó en el 2012 sobre la enfermedad de Hugo Chávez, y los mensajes que algunos de sus seguidores también posteaban a través de las redes sociales.

Otras de las personas monitoreadas por la organización de inteligencia, según los documentos, incluyen al asesor político venezolano radicado en Miami, Esteban Gerbasi, al economista José Guerra, el ex embajador ante la ONU, Diego Arría, y los activistas radicados en Miami, José Antonio Colina y Patricia Andrade.

El Sebin también espió a los periodistas internacionales que llegaron al país para cubrir las elecciones presidenciales del 2012, con los documentos mostrando fichas emitidas desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía anunciando la llegada de cada uno de ellos que eran enviadas al departamento de “Contrainteligencia”.

En el caso de la periodista de CNN en Español Patricia Janiot, el organismo de inteligencia fue consultado sobre su solicitud para entrevistar al entonces vicepresidente Elias Jaua, con la agencia concluyendo que dicha entrevista sería “recomendable con Reservas”.

Agentes del Sebin espiaron a Janiot desde que entró hasta que salió del país, reportando en informes cada uno de sus pasos.

“A esta hora se observa a la ciudadana Ángela Patricia Janiot Martinera, en el Lobby del Hotel antes descrito, donde procedió desayunar, permaneciendo en el lugar por un periodo aproximado de una (01) hora, luego ingresando al ascensor para retornar nuevamente a su respectiva habitación”, declara uno de las entradas del informe que fue elaborado.

“Se visualiza a la ciudadana Ángela Patricia Janiot Martinera, egresar del Hotel Eurobuilding abordando la unidad vehicular marca Toyota, modelo Fortuner, color plata, matrícula AGO80X, tomando la avenida Rio de Janeiro, donde el vehículo fue perdido de vista debido al fuerte congestionamiento vehicular”, señala otra sección del informe.

Pero no son solo periodistas, opositores o ciudadanos críticos al gobierno los que son sometidos al ojo escrutor del Sebin.

Los documentos también muestran que los propios funcionarios del chavismo son espiados con regularidad, con decenas de informes elaborados sobre las actividades de numerosos integrantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.

Algunos de los informes develan que algunos integrantes del partido de gobierno se han visto vinculados con operaciones delictivas muy serias, incluyendo operaciones de corrupción y extorsión.

Pero muy poco de ellos terminan siendo procesado judicialmente salvo que el chavismo por alguna razón determine actuar contra ellos.

“Estos informes son engavetados y utilizados como instrumentos de chantaje para garantizar la lealtad de las personas investigadas”, comentó una de las fuentes.

“Solo si traicionan, o cuando amenazan con hacerlo, es que estos informes salen del archivador”, agregó.

Cabello pide impedir que opositores dentro del chavismo tengan cargo público, por EFE

EFE 30 de octubre de 2014

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, pidió este jueves denunciar a “los saboteadores de la revolución” y no permitir que los opositores dentro del chavismo ocupen jefaturas en organismos públicos.

“Tienen derecho al trabajo, sí, pero como jefes no, no y no, y quien lo permita está traicionando a la revolución”, dijo Cabello en un acto político transmitido por la televisión estatal.

“Jefe (solo) un revolucionario o una revolucionaria”, añadió.

Por su parte, el vicepresidente de la región central y gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, planteó como “el gran desafío”, para “seguir guiando los destinos de Venezuela”, ganar las elecciones parlamentarias de 2015.

“Aquí no caben traiciones en el PSUV, infiltrados, desleales que nunca han reconocido el liderazgo de (Hugo) Chávez”, dijo El Aissami, que además aseguró tener pruebas de que algunos dirigentes del chavismo que son críticos con el Gobierno de Maduro reciben financiación de la oposición, y los calificó de “tarifados de la derecha”, aunque no precisó sus nombres.

Durante el último año, dentro de las filas del PSUV, el partido más importante de Venezuela, han surgido las críticas de algunos militantes y miembros de la dirección nacional, entre ellos el exministro de Finanzas Jorge Giordani y el extitular de Energía Eléctrica Héctor Navarro.

“Tenemos pruebas de que algunos de ellos reciben plata de Fedecámaras” (la principal patronal del país), aseveró El Aissami.

Venezuela elegirá a finales del próximo año a los representantes de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral), que durante la última década ha sido de mayoría chavista.

El partido Primero Justicia (PJ), del dos veces candidato presidencial opositor Henrique Capriles, dijo este jueves que, por “la primera vez en 15 años”, desde el primer triunfo en 1998 del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), el antichavismo puede ganar las parlamentarias de octubre de 2015.

“Son minoría en la AN y asuman que en el 2015 volverán a ser minoría, porque será mayoría parlamentaria abrumadora aplastante de la revolución bolivariana, para la paz y la tranquilidad de este país”, afirmó Cabello.



Viaje al centro del miedo, @lauratruelo

Poco más de 900 personas viven en Palmasola, un pueblo del estado Falcón del que saltan denuncias de apartheid político.
LAURA DÁVILA TRUELO 26 de octubre de 2014

En las pequeñas comunidades y en los sectores populares es donde el Estado ejerce de forma casi absoluta el control de los recursos. Se trata de un mecanismo de coerción para evitar la disidencia y las voces de protesta, incentivando así el miedo e inmovilizando a los vecinos.

En Palmasola el control político se ejerce hasta con el suministro de cemento. Alrededor de las estrechas calles asfaltadas, las casas de una planta están por todo el paisaje. No hay más que eso. El calor se vuelve aplastante y las familias se reúnen en las tardes para pasar el rato al amparo de una cerveza. Pero no todos los encuentros son bienvenidos: el que visite las casas de los “disidentes” puede perder el trabajo. Como si se tratara de un apartheid, no está bien visto reunirse con los promotores de una idea que busca sectorizar y ampliar el número de consejos comunales, que el Gobierno venezolano creó a partir de 2006 como instancias de participación vecinal.

Palmasola es un poblado en los límites del estado Falcón que casi se cae de su geografía. Está separado de Yaracuy apenas por un puente y, de hecho, hay conflictos limítrofes porque ambas gobernaciones reclaman el pueblo como suyo. Sus 930 habitantes compran en San Felipe, capital de Yaracuy, y es allí donde acuden al hospital. Nada tiene el pueblo que lo asemeje a las turísticas playas de la península de Paraguaná. Alguna vez, hace 40 años, alojó una planta ensambladora de vehículos Volkswagen, la única promesa de futuro a la que sus pobladores pudieron jamás aferrarse. Pero ahora los habitantes son los mismos de toda la vida, y las únicas caras nuevas son de las parejas de los hijos y nietos que han vuelto para residir en el pueblo.

José Antonio Suárez nació y creció en Palmasola y es miembro del Polo Patriótico. Él relata cómo desde 2011 su familia y las personas que han solicitado que haya más de un Consejo Comunal han sido discriminadas de todos los recursos que ofrece el Gobierno a través de las misiones e incluso de una oportunidad de trabajo, sólo por disentir.

En marzo de 2011 un grupo de vecinos, entre los que estaba Suárez, solicitó en Fundacomunal, en Coro, que se les aprobara un proyecto para crear una oficina de Protección Civil, porque el municipio es una zona de riesgo de inundación. El organismo les pidió que una vocera del consejo comunal los representara, pero no encontraron ese apoyo ni siquiera en la Alcaldía.

Suárez explica que seis de cada diez integrantes del Consejo Comunal eran para entonces empleados de la Alcaldía, es decir que ellos gestionaban los proyectos y a la vez los auditaban. Su grupo optó entonces por montar tienda aparte. Al tratarse de una zona rural la ley les permite crear consejos comunales a partir de 20 familias, pero la medida no fue del agrado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cuya autoridad local, el alcalde Giuseppe Palmieri, convocó rápidamente unas elecciones para ratificar a los suyos. Los disidentes no tuvieron tiempo de organizarse y aunque desde entonces han insistido en abrir su propio espacio, en enero el alcalde volvió a hacer elecciones para ratificar a los empleados de su gobierno al frente de la única instancia de participación vecinal que hay en ese pueblito de poco más de 900 habitantes.

Tras una visita a Caracas, el grupo de Suárez finalmente consiguió que les autorizaran hacer una asamblea en la que 93 por ciento de los asistentes aprobó crear nuevos consejos comunales, pero aun así no lo han logrado. No han conseguido registrarlo, a pesar de que las autoridades regionales del estado Falcón fueron informadas en agosto de que debían inscribirlos como un nuevo consejo comunal.

“A las personas que integramos los nuevos consejos comunales no nos dan ni carta de residencia, no se nos vende en Mercal y la alcaldía es la única fuente de empleo. Hay que hacer lo que dice el alcalde o los botan”, cuenta Suárez, cuya cuñada fue despedida luego de 18 años trabajando en la Alcaldía.

En Palmasola el Mercal funciona en la bodega La Economía que se encuentra justo al lado de la residencia del alcalde. Una vecina, que solicitó no ser identificada, relató como a su familia le dejaron de vender por haber “firmado contra el alcalde”, pues el conflicto ha sido difundido como una afrenta a los lineamientos del PSUV. Además, un familiar de esta vecina –que estudiaba en la misión Sucre– debió abandonar sus clases pues sus compañeros la dejaron fuera de todos los proyectos por haber firmado.

Las autoridades del pueblo ejercen el control político hasta con el suministro de cemento. “Esto se vende a nivel político”, advirtió el alcalde Giuseppe Palmieri quien, con gorra tricolor, en la foto acompaña a la gobernadora Stella Lugo y otras autoridades regionales. 
Pero van más allá. Cada semana a Palmasola llega una gandola con cemento para vender a precio regulado y otro de los vecinos, que es parte de uno de los nuevos consejos comunales, cuenta que el propio alcalde le negó el cemento. “Esto se vende a nivel político”, le advirtió.

Algunos piensan que las listas de personas organizadas por el PSUV para llevar a los electores a votar –el ya célebre 1x10– es una práctica exclusivamente electoral. Sin embargo, Suarez explica que en Palmasola únicamente le venden cemento a quien está inscrito en el 1x10 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así pues, el vecino que conversó con el alcalde debió explicar que está en el 1x10 de un hermano para que le vendieran el cemento y, sin embargo, le asignaron menos de lo que requería.


Lo mismo pasa con la arenera que también es manejada por la alcaldía, allí tampoco les venden a los firmantes. Suárez y sus compañeros dicen que la vida en el pueblo ha pasado a estar supeditada a ese registro. El club social es el único espacio de esparcimiento con el que cuentan pero, de nuevo, los permisos para usar la sala de baile o hacer alguna fiesta dependen de la Alcaldía.

Ahora en Palmasola las reuniones de las familias de los promotores de la sectorización tienen menos asistencia. Muchos parientes prefieren no ir, bien para cuidar los trabajos directos o para proteger la posibilidad de que se les de empleo en alguna cuadrilla de limpieza o construcción.

Sin posibilidad de queja

Pero la historia de Palmasola no es un hecho aislado de la Venezuela rural. En Caracas, en zonas populares como Tacagua, el manejo de los recursos también tiene un componente partidista que, a su vez, es el que garantiza a los vecinos beneficios como los de las misiones sociales que ha patrocinado el gobierno venezolano desde 2003.

Una vecina, que solicitó mantener su nombre en reserva, ha trabajado durante largo tiempo con una de las misiones en su comunidad y aun así no consiguió que le vendieran bloques para ampliar la vivienda de un familiar, por haber formalizado una queja sobre la recolección de la basura ante el consejo comunal. La respuesta fue directa: no la podían ayudar pues ella se había quejado.

En el oeste de Caracas, la comuna Fabricio Ojeda está integrada por más de 30 Consejos Comunales que están sectorizados como el eje 3 de Catia. Allí se ha creado un ente conocido como la Red de Centinelas, cuya labor –según su propia definición– es alertar de los problemas que afecta a la revolución. Saverio Vivas, líder comunitario de Tacagua, explica que los centinelas son algo más: operan como una red de delatores que avisan de aquellos que disienten de las líneas gubernamentales o que, simplemente, se quejan de lo que no funciona.

Vivas recuerda que en febrero de este año, poco después de que se iniciaran las manifestaciones por la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya en el centro de Caracas, hubo una protesta en Catia por el asesinato de un joven en la zona, cuya muerte fue atribuida a miembros de los colectivos.

En medio de un contexto general de protesta contra la represión del gobierno, en Tacagua los vecinos decidieron cerrar una de las calles para pedir justicia. Los centinelas advirtieron que había que dejar la protesta, pero los vecinos se negaron. Poco después llegaron los integrantes de algunos de los colectivos y hablaron con la familia de la víctima: o desistían de la acción o no le pagarían el entierro al joven, quien trabajaba en el Mnisterio de la Cultura.

Dentro de la comuna también operan tres refugios de damnificados, uno de ellos manejado por un colectivo. Vivas cuenta que allí se controla hasta cómo se viste la gente: ponerse una camisa amarilla puede ser interpretado como afinidad al partido Primero Justicia, y eso trae consecuencias.

“Se trata de destruir la confianza de vecino con vecino y eso hace que la gente tema hablar”. Vivas reconoce que él, como líder de su comunidad, se autocensura: aun siendo receptor de los reclamos de la gente del sector no puede canalizarlo pues eso puede tener consecuencias para vecinos, amigos y familiares. “No puedo hablar de cómo se robaron el dinero de la bloquera; me tuve que callar que se negara la reparación de escuelas porque los fondos eran ofrecidos por la alcaldía de Chacao; ni puedo decir cómo la gente de la zona debió reparar sus propias casas luego de que la gente del programa Barrio Tricolor, en vez de refaccionar, las destruyera”.

De la parroquia 23 de Enero en Caracas, donde nacieron los colectivos sociales, se habla acerca de estos grupos más por estar armados que por el trabajo comunal que realizan. Sin embargo, como en otras comunidades hacen las alcaldías o consejos comunales, en el 23 son los colectivos los que manejan la venta de cemento, bloques o los que dictaminan como se usan los espacios comunitarios.

En septiembre pasado Juana Marina Ramírez, vecina de la zona El Observatorio, fue a conversar con los miembros del colectivo La Piedrita, en busca de cemento. La respuesta fue contundente: a ella no le vendían pues todo el mundo sabe que es de oposición.

Manuel Mir, líder comunitario de la zona, explica que La Piedrita hace la venta a través de los Consejos Comunales. Esto, hasta hace apenas un mes atrás, se hacía dirigiendo una carta al diputado Robert Serra, para que aprobara la venta. Tras el homicidio del diputado –el pasado 1 de octubre– están a la espera de las nuevas medidas para la solicitud.

Mir explica también que el colectivo Alexis Vive maneja una bloquera que sirve a los vecinos mientras que el colectivo Las Tres Raíces maneja los cursos del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) en la parroquia. Pero en el 23 todos se conocen y, según Mir, los opositores están marcados; la ayuda para materiales o para una vivienda es solo para los inscritos en el PSUV.

Yamilet Hernández, quien desde hace 30 años coordina el grupo de danza La Amistad, sabe bien lo que ocurre: durante 17 años usó los espacios del Centro Municipal de la Juventud para sus clases, pero en 2001 comenzaron los conflictos. Ella no es afín al oficialismo y eso llevó a que no pudiera seguir sus ensayos en ese lugar. En ese tiempo su grupo fue invitado a un festival en Cartagena, Colombia, pero ni la Alcaldía Mayor, ni la de Caracas, accedieron a darle recursos para poder llevar a las niñas. Fue con ayuda de la empresa privada, y con el apoyo de los vecinos que organizaron rifas y verbenas.

Fueron muchas las cartas que mandó solicitando la dejaran dar sus clases en ese centro, pero siempre se negaron. Solo hasta principios de este año una nueva coordinadora, pasando por encima de las diferencias, accedió a que ensaye dos días por semana allí. “Pero estoy clara, en cualquier momento nos pueden sacar de allí de nuevo”, comenta.

Renunciar a la militancia

El control político se ejerce de a poco en todo el país. En Puerto Píritu, en las costas de Anzoátegui, y donde las montañas de coque del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui son parte del paisaje, el control gubernamental se mide también en empleos en las mejoradoras de crudo.

Dos de las cuatro mejoradoras están en el municipio Peñalver, del que Puerto Píritu es capital. Jaime Rodríguez, líder comunitario de la zona, dice que a pesar de que el primer empleo para los habitantes debería ser en la refinería, hoy no es así. Cuenta que los residentes son muy mal pagados en el complejo, donde el salario no es más de 600 bolívares a la semana, así que si saben pescar optan por renunciar, y además la gente del sector suele estar representada en sindicatos con los que la empresa no quiere tratar.

La alternativa ha sido contratar personal foráneo. Según Rodríguez les ofrecen un mercado o incluirlos en la misión Vivienda Venezuela y con ello les pagan por debajo del salario promedio.

La negativa a aceptar una militancia diferente a la oficialista pasa en especial en lo comunitario. Rodríguez es uno de los voceros del consejo comunal central, que representa a una parte de los 25 mil mayores de edad que, según el censo, viven en la zona.

Explica que en marzo pasado el alcalde del PSUV, Jhonny Gagarin, en el programa Tiempo de Revolución en la emisora radial Playera 101.9, llegó a decir que no entendía como los voceros del consejo comunal central eran conocidos opositores y, sin miramientos, dijo que no se les asignarían recursos por eso.

Según Rodríguez, el asunto generó molestias entre la gente porque se trata de representantes –opositores y oficialistas– escogidos en la propia comunidad. En la práctica igual eso ha significado que no les aprueben ni un Mercal.

Francisco Barrios, vecino y líder vecinal de la parroquia Antímano de Caracas, explica que ha militado toda la vida en partidos políticos y hoy es un opositor reconocido. “Desde luego que a ni a mi familia ni a mí nos venden en un Mercal”. Pero él tampoco iría a comprar allí porque eso implicaría una retahíla de reproches de vecinos convencidos de que quien no apoya al gobierno del presidente Nicolás Maduro o en su tiempo al del fallecido Hugo Chávez, no tiene derecho a disfrutar de beneficios.

Lealtad como moneda de pago

Quizás la máxima representación de la ayuda que el gobierno nacional ofrece a los ciudadanos de los sectores más pobres del país es la asignación de una casa en la Gran Misión Vivienda Venezuela, que fue creada en abril de 2011 por el fallecido presidente Chávez.

En enero de 2013 la ONG Transparencia Venezuela presentó un informe en el que aseguraba que las fallas en los controles y procesos en ese programa generan “un alto riesgo de soborno y extorsión en la contratación de empresas y la asignación de viviendas”.

Encontraron 57 denuncias graves, pero tenían un gran problema pues la gente temía denunciar por miedo a perder las viviendas.

Mercedes de Freitas, directora de la ONG, explicaba que no se conocen los criterios que se utilizan para la selección de los beneficiarios, o incluso, cómo se escoge a los brigadistas encargados de incluir o excluir a las personas del listado de las viviendas.

El pasado 9 de octubre, en un acto en el estado Vargas, el presidente Maduro entregó la vivienda 100.000, esto sin que aún se conozcan con claridad los mecanismos de asignación.

Una vecina a quien le asignaron un apartamento hace dos años en uno de los complejos de la Gran  Misión Vivienda Venezuela en el centro de Caracas, y que solicitó no ser identificada, relata que hasta el momento en que le fue asignada la vivienda ella había militado activamente en un partido de oposición. Ahora no se siente libre ni tan siquiera de hablar por teléfono o de escribir algo en la computadora.

Camina cojeando levemente. Quedó lesionada cuando estaba en un abasto Bicentenario y ella, junto a docenas de clientes más, se abalanzaron tratando de alcanzar un pollo a precio regulado. Estuvo dos años en un refugio, allí era conocida por su actividad como líder vecinal, lograron que los censaran y lucharon por sus casas. Incluso asistió a un Aló Presidente para pedir que les asignaran una residencia.

“Ellos siempre le dan largas y tienes que bregar mucho y ponerte los patines para conseguir tu casa”. Cuenta que, incluso, la gente del refugio donde ella vivía, negoció que les entregaran los apartamentos sin terminar para evitar así que se los asignaran a otros.

No cuentan con gas directo, hay filtraciones y el agua es racionada casi todos los días. Están obligados además a lidiar con quienes tiran basura por las ventanas desde los pisos superiores. Pero tiene su casa, aunque nadie habla de otorgar algún documento de propiedad, dice que quizás cuando tengan dos o tres años.

Recuerda que en las elecciones municipales de diciembre 2013 la maquinaria del mismísimo PSUV tocó sus puertas y los llevó a votar. Les dijeron que el que no saliera estaba expulsado, pues era una orden presidencial.

Diferentes entes del Gobierno asisten a darles cursos y charlas, entre otras cosas de convivencia. Se habla de la instalación de una panadería Venezuela en el edificio y un Café y Cacao Venezuela, pero se sabe que los puestos de trabajo son para los que están claramente identificados con el partido.

“La gente tiene miedo, nos insisten en que vayamos a ser milicianos, pero muchos no quieren porque lo que querían era su casa, pero a veces alguien grita: ¡Malagradecidos! No van a apoyar a Maduro que los sacó del barrio”, cuenta.

Cuando murió Chávez, en febrero de 2013, los miembros del PSUV que hacen vida en el edificio les aseguraban que los “escuálidos” los iban a invadir y que si la oposición ganaba las elecciones les quitarían los apartamentos.

“Estoy con las manos atadas. Tanto que luché por este apartamento… por eso uno tiene miedo. Yo antes hablaba libremente en la prensa, ahora no”. En las cuatro torres del conjunto residencial han estado organizando los consejos comunales, pero ya les advirtieron, serán manejados por los colectivos sociales. Y entonces baja un poco la voz. “Uno se siente vigilado”, confiesa.

Para la vecina, el edificio es una extensión del barrio en el que vivían y, como allá, siempre hay “gente mala conducta”. Se dice que son a ellos a quienes les han quitado los apartamentos, pero nadie sabe si es solo eso o ha habido alguna otra razón.

Violencia y control

En medio del ruido de una reja que se abre o el ladrido de un perro que se calienta al sol de la mañana, los muchachos del sector de Tacagua Vieja, en Catia, los de toda la vida, se planteaban qué hacer para divertirse y en esos días, la opción surgía espontánea y fácil: “Vamos a ir a joder sifrinitos allá en el Este”. Mientras los estudiantes que protagonizaron las protestas, que ocuparon el país desde febrero pasado, salían a la calle sintiéndose patriotas que defienden la libertad y el futuro de Venezuela, otra parte del país, no solo no se identificaba con su reclamo, sino que no los veían más que como el entretenimiento. Con su sola presencia y el ruido de sus motos, todos los chicos del barrio eran considerados colectivos que iban a intimidar.

Quizás la forma más frecuente de referirse al miedo que puede generar el actual gobierno es a través de los colectivos. Manuel Mir cuenta desde el 23 de Enero que todo el mundo ha sabido siempre que ellos están armados. Dice que en el sector El Observatorio el hampa está desbordada, pero la única “autoridad” en la zona son precisamente los colectivos que militan en el PSUV y se mueven según sus intereses.

Saverio Vivas explica que en Catia hay guerras de territorios entre estos grupos, que a la sazón se comportan más como bandas delictivas con una línea política progobierno y esto también incentiva el miedo.

Él mismo ha sido una víctima. Durante la campaña para las elecciones municipales de 2013, Vivas y otros vecinos acompañaron al candidato de la Mesa de la Unidad, Ismael García, en una visita a Catia. Poco después García se fue y llegaron miembros de los colectivos Waraira Repano y Tupamaros e iniciaron una discusión con una vecina; Vivas decidió intervenir: “Me hicieron una rueda de pescao y me pegaron en el piso, quedé con tres costillas fracturadas”. Pero, a pesar  de las fracturas y magullones Vivas no hizo la denuncia y ni siquiera lo habló con sus vecinos.

“Si digo que me dieron una paliza alimento el miedo de los vecinos que es lo que trato de erradicar, y si no lo hago soy cómplice por no denunciarlo, es un dilema para el que no tengo respuesta”. Para él esa forma de terrorismo alimenta el “monstruo” del miedo en su comunidad pues, a veces, se trata de recibir amenazas de alguien que conoces de toda la vida.

Pero no se trata solo del miedo reconocible, o de la coerción a través de la delación. Muchas veces es aún más sutil. Vivas explica que en Tacagua cada familia tiene, al menos, dos miembros afectados de chicungunya, pero la comunidad no se organiza para reclamar que se haga una fumigación. Si lo hacen sienten que son parte de la “guerra biológica y psicológica” de la que, según el presidente Maduro, es víctima su gobierno.

Yorelis Acosta, psicóloga social y profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, explica que estás prácticas son tan viejas como la filosofía y han sido usadas en especial por los regímenes totalitarios.

Según Acosta el gobierno utiliza la amenaza y la violencia como estrategia política para dominar a la población a través del miedo que genera efectos potenciales. Algunos autores han explicado que la percepción que puede tener un individuo acerca de las consecuencias de su conducta –que puede frenar o servir para protegerse de la amenaza– funciona como potenciadora del miedo y las acciones que deriven de él.

El miedo, que es uno de los sentimientos básicos de las personas, en el país ha sido usado para estimular el odio, la rabia y la polarización, separando a los ciudadanos en “nosotros y ellos”, resaltando la idea de amigos y enemigos. Todo esto se apoya en un discurso jerárquico y militar que el gobierno ha usado para organizar a sus seguidores en batallones, pelotones, comandos y reservistas.

Acosta aclara que en este modelo no hay espacios para la disidencia, ni siquiera entre los mismos oficialistas, tal es el caso del portal web Aporrea que ahora es señalado porque allí se han comenzado a criticar las medidas del gobierno.

Según Acosta en Venezuela se ha apelado a muchas formas de dominación, especialmente a la amenaza directa o velada. Pero han ido más lejos, si la amenaza no funciona y no paraliza o somete, entonces usan medidas ejemplarizantes: usan grupos que vigilan, despiden a la gente del trabajo o apelan hasta la cárcel.

Acosta explica que organizaciones como las misiones, el 1x10, o los consejos comunales, establecen relaciones clientelares que son elegidas por encima de ofrecer un empleo formal a los ciudadanos. Eso permite una relación de control en la que la gente ha visto oportunidades de ganar dinero. “Hemos roto la ética porque te pagan por vigilar a tu vecino, por trabajar de sapo”, advierte.

Como ejemplo usa el caso de la lista Tascón. El gobierno usa la psicología del miedo para dejar esos fantasmas allí y, en el caso de las máquinas captahuellas, desestimula el último reducto de libertad secreta que tiene la gente: el voto.

“El miedo lo rociaron por todo el país: tenemos miedo de salir a la calle; de abrir la puerta de nuestra casa; no somos libres ni de salir del país; de ir a hacer mercado y escoger las marcas que queremos, tememos no conseguir las medicinas que podamos necesitar”. La amenaza, explica, es una forma de violencia y en Venezuela se ha naturalizado.

Los vecinos han aprendido a callar. Ellos se sienten parte de familias que durante décadas fueron discriminadas por los gobiernos de la cuarta república. Ahora tienen un poco más que antes, o tienen la percepción de que están mejor. El temor a perder esa identidad es una fuerza importante que los mueve también a silenciar sus descontentos, o a aceptar con resignación desde las largas horas de cola bajo el sol para conseguir un producto a precio regulado y la actuación de grupos armados que se dicen oficialistas. Incluso con el monopolio del cemento que regulan hasta en pueblos como el de Palmasola.


Familiares de “Inesita Terrible” explican irregularidades del caso, por @diariocontraste


Diario Contraste octubre de 2014

La hermana de la tuitera zuliana Inés González, conocida en dicha red social como @inesitaterrible, informó todo lo relacionado a la privativa de libertad que esta sufre, luego de que fuese detenida por el Sebin de Maracaibo tres días después del asesinato contra Robert Serra, e imputada el 8 de octubre por los delitos de instigación pública, ultraje violento y ultraje contra funcionario, encontrándose recluida en el Helicoide de Caracas.

Marisol González aseguró que ella y sus familiares consideran exagerada la privativa de libertad contra Inés, ya que para su criterio este tipo de medidas no se corresponden a las acciones cometidas por esta. “Es terrible porque esto es injusto, la medida fue sumamente exagerada, a ella la juzgan hermana no mato a nadie ni es una delincuente. Mis padres están muy mal, están terriblemente tristes y preocupados, como todos los papas que tiene a sus hijos en esta situación, están tristes porque sienten que Inés no hizo nada, nosotros oramos todos los días por ella para que Dios le dé fortaleza y la mantenga con el ánimo arriba, espero verla y poder abrazarla”, asevero.

A propósito de si han podido tener algún tipo de comunicación con su hermana, Marisol informó (tal como había detallado previamente la Coordinadora del Foro Penal de Maracaibo, Celia Dao) , que funcionarios del Sebin aseguraron que Inés permanecería incomunicada por 15 días, en el periodo que ellos denominan como “proceso de adaptación”, y que al cumplirse este tiempo la detenida podría comunicarse con un familiar para informarles que ya puede recibir visitas. Sin embargo, aun cuando el día de hoy se estaría cumpliendo dicho periodo, no han recibido la llamada.

“No hemos tenido contacto con ella, Inés se encuentra incomunicada y su único contacto es con sus abogados. No puede ver la luz solar, no entiendo porque no la podemos ver. Los funcionarios del Sebin nos dijeron que cuando se cumpla el proceso de adaptación, Inés podría hacernos una llamada para informar que ya puede recibir visitas, pero esa llamada no se ha dado aun y hoy se están cumpliendo los 15 días. No la están dejando recibir visitas y ni siquiera la dejan tomar la luz del sol, lo cual representa una autentica tortura por ser todo esto una violación a sus derechos como persona.”

Amenazas por Twitter

A pesar de que @inesitaterrible fuese detenida por sus mensajes publicados en Twitter, algunos hechos parecen indicar que las sanciones correspondientes a quienes emitan mensajes que atenten contra la integridad e inciten a la violencia, pueden quedar impunes dependiendo de la posición política del emisor.

Esto lo aseguró Marisol González, quien reveló que el usuario de la cuenta @paimar7, de clara tendencia oficialista, emitió graves insultos y amenazas de muerte tanto a Inés como a su familia. “Hemos recibido amenazas de @paimar7, amenazas de muerte e insultos hacia mi hermana y hacia toda la familia, nos indigna porque es una falta muy grave, ese señor en twitter alega decir lo que le da la gana, lo cual deja en evidencia que la ley parece estar solo de un bando, dependiendo de la posición política. Está claro que ese señor debe ser investigado, el dice en uno de sus tweets que está dispuesto a matar opositores desde ya.”

“Este juicio es político, ella esta presa porque el gobierno quiere que este presa, porque por los delitos que la están imputando no debería estar privada de libertad, ella está en todo su derecho de ser investigada pero sin privativa de libertad. No es casualidad que los 7 tuiteros que están detenidos sean todos opositores, lo cual deja a entender que en cuanto a las detenciones por opinar en las redes sociales, hoy pudo haber sido Inés, pero mañana puede ser quien sea ”, explicó.

Marisol dio a conocer que el día de mañana irá junto a la abogada Celia Dao a la Fiscalía de Derechos Fundamentales en Caracas para realizar una denuncia, exigiendo que se respeten los derechos humanos de su hermana, y posteriormente se trasladará al Helicoide para verla, luego del cumplimiento de los 15 días de aislamiento, o como lo denominan con terrorífico eufemismo los funcionarios del Sebin, “el proceso de adaptación”.


Vía @diariocontraste

ONU pide al gobierno liberación inmediata de Daniel Ceballos, por EL NACIONAL WEB

EL NACIONAL WEB 12 de octubre de 2014

La Organización de las Naciones Unidas pidió al gobierno venezolano la liberación inmediata del dirigente de Voluntad Popular y ex alcalde de San Cristóbal, Táchira, Daniel Ceballos, preso desde el 19 de marzo por las protestas que se iniciaron en el país en febrero. La resolución la hizo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y señala que la detención de Ceballos es arbitraria porque no se siguieron las normas internacionales y estuvo motivada en hacerle cesar en el uso del derecho a la libertad de opinión y expresión.

“Hasta el presente no se conocen los fundamentos ni la motivación” de la sentencia que condenó a Daniel Ceballos a 12 meses de prisión y el cese de sus funciones como alcalde de San Cristóbal. Tal fue la conclusión a que llegó el organismo.

En documento emitido por el ente, se ofrece un resumen detallado de la forma como fue detenido el alcalde de San Cristóbal el pasado 19 de marzo y el proceso judicial que se le abrió. En el texto queda detallado, además, que la Sala Constitucional del TSJ interpretó extensivamente una norma penal para poder limitar los derechos fundamentales de un ciudadano, “lo cual está prohibido en un régimen democrático regido por el Estado de Derecho”.


Tuitera @inesitaterrible se arrepintió de sus mensajes contra Robert Serra en Twitter, por @morapin

MARU MORALES 10 DE OCTUBRE 2014

Inés González, conocida en Twitter como @inesitaterrible, se arrepintió ante la juez 13 de control del estado Zulia por sus mensajes en la red social contra el diputado Robert Serra, asesinado el 1° de octubre en Caracas.

La tuitera fue detenida por el Sebin de Maracaibo tres días después del crimen contra Serra y su asistente María Herrera, e imputada el 8 de octubre por los delitos de instigación pública, ultraje violento y ultraje contra funcionario. La Fiscalía, apoyada en un informe del Sebin sobre los mensajes de González en Twitter, considera que hubo violación de la Ley Resorte.

El artículo 27 de la referida norma establece delitos todos los mensajes que inciten o promuevan el odio y la intolerancia por razones religiosas, políticas, por diferencia de género, por racismo o xenofobia; inciten, impulsen o hagan apología al delito, y desconozcan a las autoridades legítimamente constituidas, entre otros.

La disculpa.

Entre el 1° y el 4 de octubre, Gonzalez publicó no menos de 30 mensajes alusivos al asesinato de Serra en los que mencionó a otros altos funcionarios, entre ellos, Diosdado Cabello. En su perfil de Twitter se identifica como “agitadora de oficio”.

“Ella sí colocó esos mensajes; se extralimitó porque sí hay ultraje de funcionario, pero en la audiencia pidió perdón y solicitó a la juez que le permitiera hacerle llegar a la familia de Robert Serra una disculpa. Los delitos que le imputaron no ameritaban prisión porque la condena es menor a tres años”, dijo su abogada Celia Dao, coordinadora del Foro Penal en Zulia.

Dao aseguró que los mensajes fueron consecuencia del verbo encendido y de las amenazas contra ella y su familia que otro usuario identificado como @paimar7 le profirió.

El tribunal zuliano ratificó la privativa de libertad y fijó como sitio de reclusión el Sebin de Caracas. “Ella cometió ese delito, pero el tribunal se excedió al dejarla detenida. Es como para amedrentar, para decirle a la gente: ‘cuidado con lo que dices porque te podemos detener”, afirmó Dao.

González fue trasladada a Caracas el miércoles en la noche. La abogada adelantó que hoy vendrá a Caracas junto con los padres de González para visitarla. “Nos dijeron que está en El Helicoide, pero no lo hemos constatado. A eso vamos mañana (hoy)”.

El ejemplo.

Alfredo Romero, director nacional del Foro Penal, rechazó el uso dado por algunos usuarios a Twitter y otras redes sociales. “La gente no puede ser libre de difamar a otro y someterla al escarnio publico. Ella dice cosas inadecuadas con las que no estoy de acuerdo. Lo que no debe pasar es que el Ministerio Público impute otros delitos de mayor gravedad solo para aumentar la pena y mantener a las personas en prisión”, dijo Romero.

Considera necesario que las autoridades apliquen la misma celeridad para investigar a altos funcionarios gubernamentales que incurren en los mismos hechos, inclusive, a veces, haciendo uso de los medios del Estado y en cadena nacional.

“Por ejemplo, cuando se señala a alguien de cometer un crimen sin ningún sustento como el caso del diputado Carlos Berrizbeitia u otros dirigentes de oposición. Se les acusa sin pruebas poniéndolos en riesgo ¿y no es eso condenable? Yo creo que el propio gobierno tiene que comenzar a dar el ejemplo, porque ha sido, con su conducta, el que ha marcado la pauta para que la gente insulte sin consecuencias”, señaló Romero.

¿Quién es?

Inés González, @inesitaterrible, tuitea desde junio de 2011. Tiene 41 años de edad, según su abogada. Es licenciada en Química Pura, y Magister egresada del IVIC. Además, es docente e investigadora con publicaciones en revistas especializadas. Vive con sus padres en Maracaibo y no está casada ni tiene hijos.


Antecedentes.

Desde 2010, año cuando se reformó la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, al menos seis personas, incluida Inés González, han sido procesadas por el contenido de sus mensajes en redes sociales:

-Agosto 2014, Barinas: Leonel Sánchez Camero (@AnonymusWar), fue imputado por instigación al odio, conspiración, ultraje, acceso indebido a cuentas Twitter de varios funcionarios de gobierno.

-Febrero 2014, Caracas: César Cruz (@cesar_cru), fue detenido por haber instigado a matar a la hija de Diosdado Cabello a través de un mensaje en su cuenta en Twitter.

-Marzo 2013, Barquisimeto: Lourdes Alicia Ortega Pérez (@Ulilou), fue detenida por haber usurpado supuestamente la identidad de una funcionaria del Saren y enviar a través de una cuenta de Twitter mensajes sobre el fallecido presidente Chávez.

-Julio 2010, Ciudad Bolívar: Luis Enrique Acosta Oxford (@leaoxford) y Carmen Cecilia Nares Castro (@carmennares), fueron imputados por la presunta comisión del delito de difusión de información falsa de la Ley General de Bancos a través de la red social.

-Septiembre 2010, Caracas: Jesús Enrique Majano Rodríguez (@ymajano), fue detenido e imputado por instigación al odio público a través de la publicación de una foto del presidente Chávez con una herida en la cara.