El reto electoral

La capacidad de elegir, es la vía más elemental de participación política y la concreción de soberanía residida en la ciudadanía. En Venezuela el Poder Electoral nace de la creación de una arquitectura institucional, donde la consulta a los ciudadanos sobre los asuntos públicos transcendentales se convierte en un eje de su sistema democrático.

Es el Consejo Nacional Electoral la institución que dirige y vela por este propósito en el país. Es el ente encargado de garantizar que los mecanismos presentes en nuestra Constitución, ya sea para la consulta pública, la renovación de cargos o la derogación de los mismos, sean de fácil activación ciudadana y que el proceso transmita confianza en los resultados obtenidos.

Este poder, garantiza tales objetivos siempre y cuando ejerza sus funciones con transparencia, equidad e imparcialidad; a través de ellos se gana la credibilidad y la legitimidad para ser el intermediador de los intereses que comprenden la ciudadanía y sus élites políticas. Son tan importantes, que la ausencia de éstos sacrifica la credibilidad institucional del poder, debilita el valor del sufragio como herramienta participativa y por ende aminora nuestra democracia.

Y ha sido su ausencia lo que ha puesto a Venezuela frente a una decadencia democrática. El Poder Electoral venezolano se convirtió en  un órgano legitimador de procesos comiciales que han sido viciados por el personalismo, el desbalance y la opacidad. Nuestras elecciones son motivo de desconfianza y lejos de ser una vía de resolución de pugnas políticas, es el motivador de las mismas.

El vencimiento de funciones de los rectores y su venidera renovación, nos pone en la oportunidad de exigir que los que dirigen este organismo la reconduzcan a la necesaria neutralidad institucional. Es menester de la sociedad civil postular a aquellos ciudadanos imparciales e independientes que puedan llevar esta labor así como también es nuestro deber exigir y controlar las postulaciones y posteriores nombramientos con estos propósitos.

Los nuevos rectores tienen como reto y como obligación restituirles a los venezolanos un proceso electoral libre, justo y transparente, deben regresarle al voto su justo valor en el imaginario de la ciudadanía venezolana y renovar así nuestra democracia.