Después del 9-N, ¿hacia dónde?


Tras un agónico y enrevesado proceso, donde la delgada línea roja que separa la comedia de la tragedia no siempre estuvo clara, finalmente el 9-N tuvo lugar. A medio camino entre una consulta oficial legitimada y un acto frontal de desobediencia institucional y civil como hubiera representado la realización de la primera versión de la misma, el 9-N ha sido finalmente un desvío desobediente que ha eludido tanto una claudicación ante las imposiciones del Estado, como una confrontación institucional directa.

Acto a la vez de soberanía y desobediencia, el 9-N marca un punto de inflexión en el ciclo abierto en 2012. El Gobierno español no ha podido impedir la celebración de un evento democrático y masivo, quedando patente su incapacidad para afrontar activamente un desafío político de más hondo calado de lo que inicialmente previó. Pero al mismo tiempo, tampoco ha habido un acto de ruptura institucional y legal explícita desde Catalunya que hubiera precipitado decisivamente los acontecimientos, sino una finta de última hora que se coló por la escuadra y que ha logrado con creces el reto de realizar una consulta que no fuera meramente testimonial, pero que no abre un escenario de futuro inequívoco. El porvenir nunca está escrito de antemano, y menos aún en este caso. Aún hay muchos giros imprevistos, y muchos desvíos a ninguna parte a sortear. Pero también muchas sendas llenas de posibilidades.

Los resultados del 9-N, 2.305.290 millones de votos, muestran la fortaleza de la pulsión cívica y democrática que subyace tras el movimiento soberanista. La participación es, sin duda, un éxito, vistas las trabas institucionales y la falta de reconocimiento formal de la consulta. Queda clara también la consistencia del bloque defensor del sí-sí (1.861.753 votos), la opción de voto que hoy tiene más potencial democrático, al constituir una ruptura nítida y sin fisuras con el actual marco institucional, y que en realidad no sólo puede defenderse desde una óptica independentista, sino también desde un federalismo consecuente y desde abajo que apueste por el reconocimiento de Catalunya como sujeto político soberano.
El independentismo se ha convertido en hegemónico, pero sin tener una mayoría electoral numérica absoluta aplastante. Tendrá que decantar aún a un sector importante de la sociedad catalana. Los procesos de cambio a menudo no suelen estar protagonizados por mayorías absolutas numéricas, sino por amplísimas minorías (o mayorías relativas) activas, en torno a las cuales se estructura un bloque de transformación política y/o social.

Pero en una lógica referendaria la mayoría cuantitativa es clave. Sin duda una parte importante de la sociedad catalana permanece ajena al proceso soberanista. Ahí conviven tanto la desconfianza y la indiferencia, como la oposición al mismo (en general pasiva y con escasa voluntad movilizadora, que se expresa electoralmente en el apoyo a Ciutadans y PP pero que podría activarse en caso de una consulta reconocida oficialmente). La falta de contenido social explícito del movimiento soberanista es el handicap más importante para movilizar a quienes lo contemplan con recelo. Si la demanda de independencia fuera pareja a algunas propuestas básicas de emergencia para atajar la crisis social, las cosas podrían ser bien distintas. Entonces su choque con la política económica de Mas sería muy claro.

Éste se vio forzado a surfear en septiembre de 2012 una ola independentista que amenazó con ahogarle. Inversamente a los temores entonces despertados, Mas no ha podido capitalizar el proceso, y su declive electoral ha sido imparable desde entonces. En estos dos años, el president no ha controlado el proceso imponiendo su agenda propia, si bien su posición institucional privilegiada le ha permitido jugar con ventaja y aprovechar las debilidades estratégicas de la ANC, centrada en una política de presión y firme marcaje a Mas, pero sin cuestionar su liderazgo.
Y, cuando parecía más acorralado, amparando en el control de los tiempos y las decisiones ineherentes el rol presidencial, la propuesta del “nuevo 9-N” abrió una inesperada vía que le ha dado un imprevisto impulso. Con ello ha dejado descolocada y en mala posición a una ERC que pretendía o bien llevar a Mas al terreno de una confrontación institucional abierta, en la cual éste se hubiera movido con mucha precariedad debido a la naturaleza de su propia base social y de su partido, o bien capitalizar una eventual claudicación de Mas ante el Estado. No hay duda de que el éxito del 9-N claramente refuerza políticamente al president, que aprovechará su empuje para intentar forzar a ERC a una lista conjunta o para recuperar fuelle en las encuestas y arriesgarse a unas elecciones en solitario, o, simplemente, para ganar tiempo si no le queda otra opción.

Agotado el punto culminante de la legislatura y del proceso iniciado en septiembre de 2012, la convocatoria de elecciones parece la salida más lógica para abrir una nueva etapa post 9-N y no dejar que las aspiraciones democráticas expresadas en la consulta queden congeladas. Conviene, sin embargo, desmarcarse sin duda alguna de la pretensión de Mas de dar un carácter “plebiscitario” (o “refrendario”) a las mismas, y postular una propuesta estratégica alternativa de “elecciones constituyentes”. Aunque el término sea muy impreciso y sea utilizado con significados distintos por un amplio abanico de fuerzas, expresa, aún de forma génerica e intuitiva, la voluntad de dar paso a un proceso político de refundación democrática de Catalunya.

Rechazar la lógica plebiscitaria implica oponerse a una eventual lista unitaria “de país”. Ésta suele defenderse con el argumento, interesado o ingenuo en función del caso, de que ahora toca dejar atrás los intereses partidarios. Pero, precisamente, el planteamiento de una lista unitaria obedece a los intereses partidarios de una CDC que la necesita para evitar precipitarse hacia una derrota electoral o, en el mejor de los casos, obtener una victoria enormemente precaria propulsada por el éxito personal de Mas con el 9-N. La propuesta de lista unitaria es, primero, una opa de CDC a ERC y, en caso (poco probable) de que ésta aceptara, una opa hacia el resto de fuerzas.
No hay que confundirse: unas elecciones no son una consulta. En ellas no se dirime un solo asunto. Se disputan modelos de sociedad y propuestas políticas alternativas. Un eventual Gobierno y mayoría parlamentaria surgida de una lista unitaria “de país” tendría que tomar cada día medidas sobre sanidad, educación, orden público, medioambiente o transportes.

¿Este Gobierno patriótico recortaría en sanidad y en educación? ¿Abriría comisiones de investigación en el Parlament ante casos sensibles de corrupción? Imposible apoyar una candidatura que no sea clara en esto. No vamos todos en el mismo barco. La sociedad catalana está atravesada por divisiones y contradicciones. En ella hay recortados y recortadores, desahuciados y desahuciadores, despedidos y despedidores. No valen ahí retóricas de unidad patriótica que supeditan los intereses de la mayoría a los de la minoría financiera.

En su conjunto, el movimiento soberanista expresa un gran potencial democrático. Tras la demanda de independencia hay una fuerte aspiración democrática, común a todas las luchas en los tiempos de hoy, a poder decidir y a poder controlar el propio destino, en un momento en que éste aparece sombrío y tenebroso. A falta de otras alternativas, la independencia aparece como una salida concreta a la crisis actual, una propuesta creíble y tangible que enseña un posible futuro que no aparezca diluido por un presente de crisis sin fin.

El grueso de las capas medias y populares que defienden la independencia lo hacen porque piensan que con ella vivirán mejor, y porque será el punto de partida para construir un país más justo y solidario y una excusa para hacer borrón y cuenta nueva. Pero, paradójicamente, la independencia per se, tal y como está definida por los actores principales del proceso soberanista, no garantiza nada de todo esto. En una Catalunya independiente en manos de CiU o ERC, donde el peso de las familias y empresas que dominan el país permanezca intacto, poco cambiarán las cosas. La construcción de una República Catalana abre posibilidades, pero no garantiza su consumación. Para ello será necesario tirar del hilo de la pulsión democrática soberanista para extender el derecho a decidir a todas las esferas. Algo que, por supuesto, está en las antípodas del proyecto de Mas.

En realidad, el potencial de cambio social que abre el proceso puede acabar desvaneciéndose si no conseguimos articular un amplio bloque político rupturista que pese decisivamente en la política catalana, y que haga bandera de la necesidad de impulsar un proceso constituyente democrático y desde abajo (no por arriba y tecnocrático) y encarne otra visión de Catalunya. Aun sin garantías de conseguirlo, la inestabilidad de todo el sistema político catalán conlleva unas oportunidades que, por desgracia, no estarán siempre ahí y no van a repetirse muy a menudo. Pensar y actuar estratégicamente, acorde con un momento de excepcionalidad como el actual, deviene entonces el principal reto que tenemos por delante.

(*) Profesor de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)