Controles castrantes, Vladimiro Mujica

Venezuela tiene una larga tradición de contar con instrumentos legales y procedimientos administrativos sumamente complejos. Una enervante costumbre que posiblemente heredamos de España y que se traduce, entre otras cosas, en una cultura de apego al papeleo y a la burocracia pomposa e inútil. La copia, de la copia, de la copia, es requisito normal en muchos trámites públicos que podrían resolverse de modo mucho más expedito. A esto hay que añadirle una tendencia a modificar de manera permanente y a veces compulsiva los instrumentos legales, desde la Constitución hasta las ordenanzas municipales, pasando por las leyes orgánicas y reglamentaciones.

Mientras que una democracia razonablemente funcional como la norteamericana ha tenido una sola Constitución desde la declaración de independencia de los Estados Unidos, Venezuela ha tenido innumerables cartas magnas que en muchos casos responden no a la necesidad de modernizar el contrato social de afiliación de los ciudadanos a un conjunto de leyes y normas, sino al capricho de los gobernantes de turno. Por otro lado, nuestras leyes tienden a ser exhaustivas e intentan prever todos los casos que se puedan presentar, con el resultado de que termina por armarse una cadena inagotable y de difícil aplicación de la regla, de la regla, de la regla.

Como en muchos otros casos, la pseudorevolución chavista ha transformado una mala costumbre en un vicio nacional. Toda la cháchara sobre el gobierno electrónico que en algún momento formó parte de la propaganda oficialista ha terminado por evaporarse frente a una terca realidad de burocracia profundamente anclada en los procesos públicos. El gobierno ha llegado al extremo de inventar reglas ad hoc para intentar modificar y falsear una realidad caótica que pretende presentarse como un paraíso en la tierra. Detrás de cada nuevo control impuesto por el gobierno se encuentra un error monumental de gestión pública. Peor aún, los controles terminan por ser ejercicios de castración de la actividad económica, social e intelectual de la población y estímulos abiertos para la corrupción.

Uno de los mejores ejemplos de lo que decimos es el control de cambio. Presuntamente destinado a impedir la fuga de divisas, en realidad se ha transformado en un gran caldo de cultivo de la corrupción. Alguna gente cínica diría que no hay virtud humana que soporte la tentación de hacer negocios cabalgando sobre una diferencia cambiaria de más del 1000% entre el dólar oficial y el dólar negro. Los enchufados y sus amigotes con acceso a dólares preferenciales han hecho fortunas enormes en tiempo record, pero al jubilado, o al turista, que requiere unos pocos dólares se les exige un mamotreto de papeleo. La verdad es que el control de cambio no controla lo que pretende controlar y constituye una afrenta a la gente y un sumidero horrendo de recursos.

Pocas cosas están tan reguladas en Venezuela como el porte de armas. En teoría es casi imposible para un ciudadano normal, no enchufado, obtener un permiso legal para la adquisición y posesión de armas. En la práctica, hay millones de armas ilegales en la calle, en manos de los bandidos y sus cómplices. Una situación directamente correlacionada con el hecho de que más de 20.000 venezolanos mueren al año en situaciones violentas que no son esclarecidas en un pavoroso porcentaje. Nuevamente, un control severo que no controla nada y que las autoridades manejan con un cinismo alucinante acompañado de medidas improbables como el supuesto desarme de la población.

Se controla el precio de alimentos que no existen, de bienes desaparecidos, de medicinas imposibles de obtener. Se cierra la frontera con Colombia en las noches para impedirle el paso a las sardinitas, mientras el verdadero negocio del contrabando, manejado por los peces gordos, cabalga en la diferencia abismal entre la economía colombiana, razonablemente estable, y la disfuncional y errática economía venezolana. El pobremente trabajado concepto de precio justo, que pretende desconocer las reglas básicas de la economía, es usado como criterio para emascular la ya semidestruida actividad económica de la nación.

Quizás valdría la pena preguntarle a los jerarcas del gobierno y de Pdvsa cuál sería el precio justo del petróleo venezolano si el mismo se calculara a partir de lo que cuesta producir un barril de crudo. Nos encontraríamos con que los países productores de petróleo, incluida Venezuela, venden este producto a precios tres o cuatro veces superiores a los costos combinados de exploración y producción, lo cual los calificaría indudablemente como especuladores.

Ahora nos enteramos de que se pretende ponerle un precio justo a la enseñanza universitaria basado en una supuesta estructura de costos de las instituciones de educación superior. Este exabrupto, mezcla de ignorancia y mala fe, desconoce que el tema del costo de la educación superior incluye intangibles como el conocimiento de los docentes, como lo señaló recientemente el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Scharifker, además del costo de la investigación sobre la que se soporta la docencia. Esa vez se trata de aplicar controles para regular el libre pensamiento.

La conclusión de tanta ignominia es inescapable. Estamos en el medio de una monstruosa operación de controlar todo sin resolver nada de lo que realmente trastorna la vida de los venezolanos. Controles castrantes que asesinan el esfuerzo creativo de la nación y que crean la ficción de que el gobierno actúa para resolver males cuya solución requiere de acciones de fomento y creación y no de más alcabalas.

Nos acercamos a la posición de dudoso prestigio de ser simultáneamente una las sociedades más disfuncionales y más controladas del planeta.