Contra la (i)legitimidad, ¿La Constituyente?

Un gobierno es tal cuando ejerce el poder, lo cual será posible, siempre que se encuentre investido de una legitimidad resistente a cualquier escrutinio. No hace falta recurrir a la tan cacareada legitimidad de origen y de desempeño para poder advertir que el ejercicio del poder requiere fundamentalmente legitimidad, sin ningún otro apellido.

La legitimidad, concepto muy controvertido, que de tanto en tanto resulta muy manoseado por políticos y opinadores de la política, no es más que el conjunto de opiniones positivas que se tienen sobre un particular régimen político. Mientras más opiniones positivas se expresen a favor del régimen mayor será su legitimidad.

El ejercicio del poder, la posibilidad de ejercer el mando y recibir debida obediencia, pasa porque quienes ejerzan el poder hayan sido elevados a tales funciones a través de los mecanismos que establece la democracia formal. “Es el apoyo del pueblo el que presta poder a las instituciones de un país y este apoyo no es nada más que la prolongación del asentimiento que, para empezar, determinó la existencia de las leyes.”, escribió en alguna oportunidad Hannah Arendt.

La conquista del poder y el ejercicio de gobierno, dentro del marco que impone la democracia formal, abre la posibilidad de ejercer el poder disponiendo de plena legitimidad y, en consecuencia, el derecho legal de mandar, pero, junto a la disposición de mando que otorga el ejercicio de gobierno, está también el consentimiento de los electores, derivándose de tal aprobación, el de obedecer a quien o quienes fueran electos para el ejercicio de las funciones públicas.

La legitimidad de quienes ejercen temporalmente el poder, porque es así como es concebido en los regímenes democráticos, prima la temporalidad sobre la permanencia en el ejercicio del poder atemporalmente, viene revestida de un consentimiento que hace posible la obediencia de los electores a los elegidos.

El gobierno de Maduro es, por lo pronto, un gobierno legal y legítimo. Su legalidad viene dada por un triunfo electoral, que aun cuando pequeño, fue suficiente para ser proclamado. Su elección resume ambos elementos: es legal y legítimo.

Quienes insisten que a la fecha su ejercicio, el de Maduro, está signado por un alto grado de ilegitimidad insinúan que el consentimiento positivo se esfumó y que hoy su base de apoyo está disminuida a mucho menos de los votos que en su oportunidad sirvieron para su proclamación. Una hipótesis discutible aun cuando existen suficientes datos estadísticos para sostener tal idea.

Quienes se inscriben en esa tesis tienen caminos a seguir de acuerdo a la Constitución: esperan el fin de su mandato en el 2019 o acogen la idea de un referendo revocatorio. Ese es el camino que brinda la democracia y que consagra nuestro cuerpo normativo. Sabemos perfectamente hacia dónde conducen estos caminos. Lo sabemos todos.

Otros caminos los hay. Uno, un golpe de estado – no veo ni oigo a nadie vociferándolo-, un atajo que va contra los principios democráticos más elementales y cuyo destino siempre está cargado y atiborrado de incertidumbre. Nadie está en condiciones de decir que una salida antidemocrática es mejor que lo que tenemos. Como dato interesante está el que todos aquellos que se embarcaron en insurrecciones de semejante naturaleza terminaron siendo derrotados. Los aventureros fueron vencidos sin atenuantes, incluido entre ellos Chávez.

El proceso constituyente es un camino que puede ser adoptado dentro del marco constitucional pero siempre habrá que de tener en consideración que esta figura no está, ni tiene sustento, para resolver la pérdida de legitimidad del presidente.

La constituyente planteada en los términos que hoy se hace, no conduce al encuentro de la mayoría de los venezolanos para discutir acerca de un nuevo acuerdo social. A nadie se ha convocado para eso, si acaso, para apuntar a Maduro y demás funcionarios de los poderes públicos con su defenestración.

Una constituyente planteada en ese tono, dotado de revanchismo y guapetonería, solo nos lleva a profundizar la división y a acentuar la polarización que, hasta ahora, no nos ha permite avanzar hacia un cambio en las relaciones políticas existentes. Pero peor aún, ni los propios proponentes están en capacidad de asegurarle al país que el futuro será mejor al de hoy, entre otras cosas porque no saben si recogerán las firmas que el proceso exige y mucho menos si ganarán.

No fue precisamente un poeta quien dijo: “La prisa es plebeya”.