Venezuela debe compensar con $1,600 millones a Exxon, por @luisalonsolugo

Luis Alonso Lugo 09 de octubre de 2014
@luisalonsolugo

WASHINGTON
Un tribunal de arbitraje ordenó el jueves a Venezuela compensar con 1.600 millones de dólares a la petrolera Exxon Mobil por la expropiación de sus instalaciones en el año 2000, en medio de un complejo escenario que enfrenta el país, que pasa por una crisis económica dominada por la galopante inflación, serios problemas de abastecimiento de productos básicos y dificultades de flujo de caja en las cuentas públicas.

El fallo fue saludado por las autoridades venezolanas por considerar que puso punto final a las pretensiones de Exxon Mobil de lograr una compensación cercana los 20.000 millones de dólares.

El portavoz de Exxon, David Eglinton, expresó en un comunicado que la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un ente adscrito al Banco Mundial, confirma que "el gobierno venezolano no brindó una compensación justa por los bienes expropiados".

Horas después, en un comunicado leído por el canciller venezolano y ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, el gobierno venezolano expresó su satisfacción con el fallo al considerar que es un "final favorable... en la larga batalla legal de Exxon Mobil contra el país".

Señaló que la petrolera estatal PDVSA "logró demostrar que los reclamos de Exxon Mobil eran sumamente exagerados y que si Exxon Mobil hubiese tenido el interés en negociar un acuerdo de buena fe hubiera podido tener la compensación apropiada mediante un acuerdo amigable".

Dijo que el tribunal de arbitraje emitió su fallo definitivo, "que puso fin a las especulaciones infundadas" que han circulado desde hace varios años en el sentido de que el país tendría que pagar una indemnización de miles de millones de dólares, dijo el canciller en una breve alocución transmitida por la estatal venezolana de Televisión.

Se confirmó que "el nivel de compensación buscado por Exxon Mobil por la nacionalización siempre ha sido exorbitante y completamente injustificado", destacó.

El CIADI ordenó a Caracas pagar 1.400 millones de dólares por la expropiación de sus inversiones en el proyecto Cerro Negro.

Además, estableció una compensación de 9 millones de dólares por las restricciones a la producción y exportación impuestas en ese proyecto en 2006 y 2007, y 179 millones de dólares adicionales por la expropiación de sus inversiones en el proyecto La Ceiba.

Asdrúbal Oliveros, director de la firma venezolana de análisis económico Ecoanalítica, afirmó el jueves en Caracas que el monto de compensación acordado por el tribunal "está muy por debajo" de las expectativas iniciales de Exxon Mobil, pero que la sentencia se emite en medio de una difícil situación para el gobierno venezolano, que tiene "serios problemas de flujo de caja" e importantes compromisos pendientes de pago de deuda pública en los próximos meses, además de millonarias obligaciones que mantiene con algunas empresas del sector privado.

Según cálculos de Ecoanalítica, el gobierno venezolano aún tiene pendiente de decisión en la CIADI de 23 demandas por nacionalizaciones de activos que podrían significar compensaciones cercanas a los 12.927 millones de dólares.

Oliveros indicó que el caso más relevante que está pendiente es la demanda de la gigante estadounidense ConocoPhillips que podría significar para Venezuela el pago de unos 4.560 millones de dólares.

Exxon Mobil demandó a finales de 2007 contra PDVSA después que el gobierno venezolano nacionalizó ese año unos activos que tenía la compañía estadounidense en la faja oriental del Orinoco.

La gigante estadounidense, con sede en Irving, Texas, acudió a tribunales de Inglaterra, Holanda y Estados Unidos para tratar de lograr una indemnización por sus activos. Las medidas de Exxon Mobil fueron consideradas "terrorismo judicial" en ese momento por el gobierno venezolano.

Exxon Mobil acudió a instancias internacionales buscando la compensación por sus activos en la faja oriental del Orinoco, que fueron nacionalizados en 2007, y para demandar a Venezuela por los aumentos de regalías —impuesto de extracción— y otros tributos que comenzó a aplicar el gobierno a partir del 2004.

En 2008, Exxon Mobil sufrió un revés judicial cuando un tribunal de Londres desestimó la solicitud de congelación de bienes por 12.000 millones de dólares a PDVSA.

La Cámara de Comercio Internacional acordó en diciembre de 2011 que la petrolera estatal venezolana debía compensar a Exxon Mobil con 907,58 millones de dólares por los activos que le nacionalizaron en 2007.

"El CIADI ha reconocido un crédito en favor de la república por el monto ya pagado por PDVSA de (unos) 907 millones de dólares en 2012 para el proyecto Cerro Negro, que deberá descontarse del monto del laudo, quedando así reducido sustancialmente el monto restante a pagar", indicó Ramírez, sin profundizar en el tema.

Los venezolanos dijeron en esa oportunidad que de la suma descontaría 652 millones de dólares por obligaciones pendientes por préstamos y sumas congeladas como parte del litigio.

Tras el fallo de la Cámara en el 2011, el ahora ex ministro de Petróleo había descartado que Venezuela pudiese reconocer alguna compensación económica a la firma estadounidense que acordara el CIADI.

Acto seguido, Venezuela denunció el tratado del CIADI el 26 de enero de 2012 y se desvinculó definitivamente del convenio seis meses después.

"El retiro de Venezuela del CIADI en 2012 como reacción a los elementos del sistema de arbitraje de inversión con los cuales disentimos, en forma alguna disminuyó nuestro criterio de reconocer el principio de compensación justa por la nacionalización, pero lo que la república no aceptado y nunca aceptará es doblegarse ante reclamos exorbitantes. El éxito final de este litigio se debe a la firme determinación de la república de ser fiel a ese principio fundamental", dijo el jueves Ramírez.

Según el Centro, Venezuela actualmente enfrenta 23 procesos y demandas de arbitraje.