Un CNE imparcial, por Omar Barboza Gutiérrez.

Barboza Gutiérrez octubre de 2014

De acuerdo al Artículo 5 de nuestra Constitución la legitimidad de los órganos del Estado emana de la soberanía popular y a ella están sometidos. Y en su Artículo 293 en el numeral 10 establece que los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, lo cual es complementado por lo dispuesto en el Artículo 296 de la misma Carta Magna el cual dispone que el Concejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, que tres de ellos serán postulados por la sociedad civil, y que para designar esas personas por la Asamblea Nacional debe hacerse con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Dentro del procedimiento previo a esa designación se debe constituir un Comité de Postulaciones integrado por 11 Diputados y 10 representantes de la sociedad civil que además de la independencia política deben reunir los requisitos de honestidad, capacidad y formación para proponer a quienes deben formar parte del Poder Electoral. Para la designación de los 11 Diputados se aplicó la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea Nacional, y se designaron 6 Diputados del oficialismo y 5 de la oposición.

La designación de los 10 representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones no ha sido posible hasta esta fecha por cuanto el oficialismo aspira a imponer una lista de miembros de la sociedad civil, lo cual no tiene el apoyo de la oposición democrática por considerar que no se le debe aplicar a los miembros de la sociedad civil no políticos, la correlación de fuerzas políticas que actualmente existe en la Asamblea, porque ello estaría en contradicción con el requerimiento de que esos miembros tengan independencia política y con la exigencia de las dos terceras partes para su designación que persigue el objeto de que sean seleccionados por el acuerdo entre todos y no por la imposición de una de las partes.

Para quienes defendemos la idea de que las diferencias políticas se deben resolver por la vía democrática y no por la violencia, y promovemos el voto como el mejor instrumento cívico para hacer los cambios en los poderes públicos, este es un tema fundamental, lo peor que le puede suceder a un pueblo que quiere transitar la vía pacífica para dirimir sus diferencias, es verse acorralado por imposiciones y arbitrariedades que le impidan ejercer sus derechos y que su voluntad que es la base de la legitimación de los poderes públicos no tenga una vía imparcial y transparente a través de la cual expresarse. Una situación de ese tipo constituye una amenaza a la paz y al desarrollo normal de la vida institucional del país.

Un argumento al que recurre el oficialismo para tratar de imponernos la lista que propone, es la amenaza de que si no la aceptamos el Tribunal Supremo de Justicia declararía la omisión de la Asamblea Nacional en el cumplimiento de este deber constitucional, y en ese caso la Sala Constitucional sustituiría al Poder Legislativo en la designación de estos Rectores del CNE. En esa amenaza con tufo de chantaje está la razón de la actitud de la bancada oficialista en esta materia, ellos no hacen el esfuerzo de acordarse en una integración plural y calificada del CNE con los Diputados que piensan distinto porque confían en el control político que el oficialismo tiene sobre todos los poderes públicos, entre ellos el Judicial, y piensan utilizarlo como instrumento para designar unos Rectores del CNE no para que cumplan con sus deberes constitucionales, sino para que ejecuten la voluntad del Partido oficial y su gobierno. De esa manera le niegan a la sociedad democrática venezolana el derecho a tener un Poder Electoral escogido de acuerdo a la letra y espíritu de la Constitución vigente.

La posición de los Diputados de la Unidad Democrática seguirá siendo la misma, estamos dispuestos a dialogar pero para que se cumpla la Constitución y se escojan Rectores que garanticen la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, y denunciaremos cualquier maniobra que se desarrolle con objetivos distintos, preferimos continuar esta lucha a través de la denuncia sobre la verdad de lo que ocurre, antes que convalidar con nuestros votos una conducta contraria a la Constitución, a nuestros principios, y a los derechos de todos los ciudadanos venezolanos a exigir el respeto a la soberanía popular libremente expresada y no sujeta a manipulaciones.

¿Cuál es el miedo a que el pueblo exprese su voluntad teniendo un CNE imparcial?