“Revolución fiscal” o urgencia de ingresos


La política fiscal (PF), como parte integral de la política económica que promueve el desarrollo  de un país, tiene como finalidad darle estabilidad a la actividad económica a la luz de las medidas que toma el Estado para procurar ingresos que permitan la realización de la actividad pública, no como una función directa sino como propiciador de un entorno que facilite el desenvolvimiento de los factores de la producción, y para lo cual integra dos componentes: (1) gasto público y (2) ingresos públicos. La gestión tributaria, se vincula con la fijación y aplicación de prestaciones en dinero como una exigencia del Estado con el objeto de obtener recursos para adelantar sus fines por intermedio del financiamiento del presupuesto nacional; cumpliendo al propio tiempo cuatro roles básicos: (A) equilibrio macroeconómico; (B) distribución de la renta; (C)asignación de recursos a la economía; y (D) controlar las fluctuaciones cíclicas (p.ej. exceso de liquidez e inflación). En resumen, la PF es la utilización del gasto público y los impuestos para controlar la actividad económica nacional.

La CRBV, consagra en su Art. 316 que “El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas (….) y la elevación del nivel de vida de la población….”; principio que orienta, suponemos, la denominada “revolución fiscal” que pretende instrumentar el Gobierno (con antecedentes desde 2006) en función de una revisión de las leyes tributarias para “elevar la cultura tributaria del pueblo” y hacer menos regresivo el sistema para impulsar que quienes más ganan sean los mayores contribuyentes (¡¡elemental!!), o lo que es lo mismo más progresivo (mandato constitucional) en aras de elevar la recaudación no petrolera. Tal pretensión revolucionaria, está muy lejos de  integrar  un proyecto coherente en materia de política económica al orientarse fundamentalmente a (1) disminuir la presión sobre el mercado de divisas(recogiendo dinero inorgánico) apartado de un concreto plan de ajuste (o como quieran llamarlo); y (2) obtención de mayores ingresos (fines recaudatorios) al margen de una racionalización y eficiencia en el gasto público que facilite una disminución del déficit fiscal que para finales de 2014 puede superar el 19% (ceteris paribus). Ambos lineamientos, permiten inferir la intención de mantener el ritmo del gasto (mayormente corriente y populista) haciendo uso de los impuestos como herramienta estratégica; habida cuenta de la  obviedad en cuanto a que el Gobierno evitará a toda costa una disminución del gasto en una antesala al evento electoral 2015 (parlamentarias), que pudiera propiciar una mayor desaceleración de la economía con el consecuente aumento del malestar social. Cabe destacar, que en el presupuesto nacional 2014 el IVA aporta un 35% del gasto, el I/lr a personas jurídicas aporta el 15% y las personas naturales un 1%, para un total del 51%.

La propuesta de nuevas cargas tributarias, en conjunto con la revisión de las exenciones y exoneraciones del i/lr, descansa sobre ciertas afirmaciones que no necesariamente se corresponden con la realidad: (a) la carga fiscal del i/lr (personas jurídicas) es muy baja; enfoque que no contempla los impuestos parafiscales(antidrogas, ciencia y tecnología, deporte, cultura, vivienda, turismo y otros) y los municipales que al sumarlos sitúa la carga fiscal entre un 50% y 60% de las ganancias, las cuales están limitadas a un 30% mediante la ley de precios justos disminuyendo evidentemente la recaudación vía i/lr ante la disminución de la rentabilidad (contrario al deber ser), a la par de obstaculizar la conformación de nuevos gravámenes (punto de quiebre); y (b) la evasión fiscal (no petrolera) es marcadamente alta; enfoque que en todo caso hace referencia a unaineficiencia burocrática que facilita acciones impropias por parte de los contribuyentes, que deben ser supervisadas y controladas por la administración tributaria. Seapropicio señalar, que ante la corrupción imperante (enriquecimiento alabado socialmente por muchos  como un éxito de vida) se hace viable rebrotar el impuesto al patrimonio de las personas naturales (Anteproyecto Seniat, 2006) que gravaría la titularidad de sus activos tangibles e intangibles; acción tributaria prioritaria al observar, que en los últimos 10 años (2003-2013) a través de Cadivi y Sitme se asignaron más de US$ 260.000 millones muchos de los cuales adquirieron la figura de “fuga de capitales” desviándose de la posibilidad de contribuir en la generación de riqueza nacional, en un país que le han ingresado (1999-2013) más de US$ 1.250.000 millones y acumulado deuda financiera y comercial superior a los US$ 280.000 millones.

Capítulo aparte (y vinculante) merece la crítica situación referida a la generación de ingresos, que por una parte están afectados por la caída de la cesta de crudo (5 semanas consecutivas) hasta US$ 82,72 (10/10/2014) alejándose del promedio 2013 que se ubicó en US$ 98,08 y de los US$ 90,00 como precio de equilibrio financiero; y por la otra por el comportamiento de las reservas internacionales, que para octubre 2014 se situaron en unos US$ 19.814 millones en una estructura donde las reservas liquidas (disponibilidad e inversiones en divisas) se ubicaron en US$ 1.668 millones (8,4%), el oro monetario en US$ 14.266 millones (72%), los DEG (derechos especiales de giro) en US$ 3.400 millones y los créditos del Fondo Monetario Internacional unos US$ US$ 480 millones (2,4%). Ante tal contracción de los ingresos e iliquidez de las reservas internacionales (para una economía de puertos que supera los US$ 80.000 millones en importaciones), ha de incorporarse tanto los efectos perversos de la inestabilidad cambiaria, como el remanente de deuda por cancelar 2014 por US$ 3.073 millones.

A manera de conclusión, debemos resaltar que los conductores de nuestra economía no están escuchando ni la voz del pueblo cuando los encuestados expresan (Datin Corp, Estudio coyuntura septiembre 2014), entre otros aspectos, que la economía está mal o pésima (62%), que la situación seguirá igual o empeorara (83%)y que la gestión del Gobierno es negativa (68%); ni la voz de los comerciantes e industriales, quienes señalan como condicionantes negativas de actividad al control de cambio (82,4%) y la falta de divisas(87%). Finalmente nos permitimos una reflexión: la mayor irracionalidad económica es seguir haciendo lo que se viene haciendo y esperar un resultado distinto!!!.