El derecho a la ciudad y la Plaza del Jefe.

Por Víctor Atobas

Que la planificación urbanística haya sido entregada a los mercados, genera desigualdades respecto a las condiciones de existencia. La ciudad es un fenómeno de clase y las desigualdades se advierten con facilidad. El estado y la distribución de las viviendas, aparcamientos, plazas, calles y alumbrados, así como  la ubicación espacial de los recursos, limpieza, parques, espacios naturales y demás factores que inciden en el precio de la vivienda, repercuten en la fragmentación de la ciudad según las rentas y los roles en el sistema productivo. Como si dentro de Burgos hubiera dos ciudades que se contradicen entre sí, el centro, que supone el punto de llegada de casi todo, donde abundan las dotaciones e inversiones, y la ciudad surgida del éxodo rural y la industrialización de los polos, así como de los fenómenos de la inmigración y la exclusión social.  

Al igual que ocurrió con el frustrado Bulevar de Gamonal, la Plaza de Toros supone un ejemplo de quién hace la ciudad. Adjudicada a Río Vena, como si los vecinos no se cercioraran de que, el beneficio especulativo de la obra que enterraron los vecinos en enero, se presenta ahora como una recompensa al Jefe. 

La inversión de 6 millones será seguida por otras partidas presupuestarias; dado el mal estado de la plaza, que sólo se utiliza unas semanas al año y por una parte mínima de la población, la estrategia sería “trocear” la partida en distintos años, de forma que el robo fuera menos evidente. Pero el movimiento vecinal ya comienza a estructurar una alternativa, sugiriendo que la partida sea destinada a las necesidades que acucian la vida de muchas personas; obreros y precarias, paradas, desahuciados que sufren la miseria y la podredumbre de unos barrios contrapuestos a otras zonas de la ciudad, verdes y limpias y con el aire fresco, recintos controlados y vehículos de alta gama a la puerta de viviendas enormes, vaciadas e impasibles ante el drama que late en las calles.

La ciudad que se contradice a sí misma, regida por los vaivenes del sector inmobiliario que tantos muertos y tantas familias en el paro ha generado. Mientras que aumenta la desigualdad y la miseria, el ayuntamiento se niega a atender las necesidades de servicios y programas sociales que, como medida mínima, paliaran las desigualdades producidas por la desfragmentación de la ciudad en zonas dotadas y ricas, y otras abandonadas y obreras, redistribuyendo la planificación espacial de forma que acceso a los recursos tendiera a igualarse.


El modelo urbanístico de Burgos se relaciona con el estado de las cajas de ahorro, en especial la antigua Caja de Burgos,  entidad beneficiada por la lógica expansiva del capital sobre el suelo que ha jugado un papel decisivo en la expansión urbanística de la ciudad. Durante la burbuja inmobiliaria, tanto el ayuntamiento a través de los planes de financiación de los consorcios y el impulso de las políticas especulativas, así como el sector de la construcción, han incrementado el volumen de negocio de las cajas y bancos, hasta que la crisis afectó a esta tríada de poder y el precio del suelo cayó. El sector inmobiliario de Burgos aún no se ha recuperado, buscando obras tales como la cubierta de la Plaza de Toros, sin ningún tipo de rentabilidad social.  

Al tiempo que aumenta la creación de plusvalor, el suelo y la vivienda se hacen menos accesibles para la clase trabajadora, que paga las consecuencias de la deuda proveniente  de los consorcios de unas obras que sólo utiliza una parte de la población. El Aeropuerto de Burgos no es privado como tal, pero lo utilizan sobre todo los pequeños burgueses para hacer negocios y los profesionales liberales, por lo que podría considerarse privado; el precio de los billetes es demasiado elevado para gran parte de la gente, sólo se encuentra al alcance de una parte privilegiada de la población. Sin embargo, la inmensa deuda generada por el consorcio, supone una ganancia para las entidades financieras y para las empresas implicadas, y una condena para la ciudad, como una hipoteca de explotación, a pesar de los planes de refinanciación y los aplazamientos.

Ahora, la historia vuelve a repetirse. El derecho a la ciudad es aquel derecho innato a todo ciudadano y ciudadana, que tiene la capacidad de incidir en las relaciones sociales que componen la ciudad, porque Burgos es el medio en que vivimos y al transformarlo; expresando nuestra voz y empoderándonos, nos trasformamos a nosotros mismos. Que la balanza oscile en dirección de las necesidades materiales de la clase trabajadora, avanzando en la democratización de las ciudades. 

Según el sociólogo Robert Parker, la ciudad es el intento más exitoso del ser humano de rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con el deseo más íntimo de su corazón. Pero si la ciudad es el mundo que el ser humano ha creado, es también el mundo en el que a partir de ahora está condenado a vivir. Así pues, indirectamente y sin un sentido nítido de la naturaleza de su tarea, al hacer la ciudad, el ser humano se ha rehecho a sí mismo (1). El derecho a la ciudad supondría el control democrático de tod@s sobre el excedente que, bajo el control de los mercados y las políticas especulativas, ha robado a la clase trabajadora la capacidad de decidir qué lazos sociales, valores éticos y de conservación de la naturaleza, cómo quiere vivir y configurar unos espacios urbanos cada vez más mercantilizados. Tanto, que la calidad de vida urbana es una mercancía accesible sólo a la población de rentas más o menos altas. 

Al igual que ocurriera durante las protestas contra el Bulevar, el movimiento ha propuesto distintas alternativas a la construcción de la Plaza de Toros que, en realidad, sólo contenta al Jefe. La próxima convocatoria será el día 12 de septiembre a las 12 horas, en la Plaza Mayor.


NOTAS:


1. Robert Park, On Social Control and Collective Behavior, Chicago, 1967, p. 3.