UNA REFORMA FISCAL INJUSTA

La reforma fiscal del ministro del PP Montoro, aprobada en julio (como siempre pasa con las medidas impopulares), supone por un lado desmantelar el “estado de bienestar” y por otro golpear a las clases populares, ahora llamadas genéricamente “clases medias”.

Hay que entender que el concepto de “clases medias” al que se refieren la derecha y el PSOE, son aquellas personas asalariadas que perciben ingresos por su trabajo, con lo que la horquilla es amplísima, ya que abarca a casi toda la ciudadanía, exceptuando a quienes sufren exclusión social o perciben prestaciones institucionales y a quienes tienen grandes fortunas, fruto de sus beneficios empresariales y especulativos. En esta clasificación entran l@s trabajadores/as por cuenta ajena y l@s trabajadores por cuenta propia   - autónom@s -.
Con la nueva reforma fiscal se baja el IRPF. Eso supone que las personas tienen más dinero para el consumo. En principio, esa medida reactivaría la economía interior, impulsando el consumo, lo cual provocaría que se generen nuevas empresas y empleos. Eso no estaría mal si no se hubieran bajado salarios y pensiones, o si no se hubieran hecho varias reformas laborales que permiten un despido más rápido, fácil y barato, o si no se permitiera contratar de forma temporal, hasta por horas. El indicador de confianza en el consumo que se ha conocido en julio, baja por estas razones.
Para colmo, se rebajan de 7 tramos a 5 tramos la recaudación fiscal y se reduce el Impuesto de Sociedades, que por ejemplo en las grandes empresas baja 5 puntos en dos años.

Todo esto supone que al final el ingreso fiscal del estado será mucho menor, lo cual podría ser aparentemente positivo para las personas porque pagaríamos menos impuestos, si no necesitáramos toda una enorme variedad de servicios públicos de calidad y universales (para tod@s). Es decir si no necesitaríamos de forma regular ir al/la médico, atención quirúrgica, atención hospitalaria, atención a dependientes (ancian@s, discapacitad@s, parad@s, niñ@s,...), atención educativa, atención burocrática, atención de las administraciones jurídicas, medios de transporte; o necesitáramos infraestructuras culturales, deportivas o de ocio, becas y subvenciones, etc…
Todo eso se financia con los impuestos recaudados. Si no hay impuestos, no hay servicios públicos buenos y universales. Prohibido: ponerse enferm@, estudiar, exigir tus derechos judicialmente, resolver papeleos que piden las administraciones, ser o quedarte discapacitad@, cobrar una pensión digna por una vida de trabajo, cobrar una prestación si te quedas parad@, ir por carreteras seguras y gratuítas, utilizar ferrocarriles o aviones, o disponer de telecomunicaciones. O por el contrario lo tienes que pagar y  caro, como sucede con las tasas universitarias, “medicamentazo”, autovías de peaje, pago de residencias privadas, etc.

Claro que el PP vende su reforma fiscal como algo compensado que afecta a todos los grupos sociales. Por ejemplo, pone un impuesto de depósitos a bancos del 0,03 % cosa que sorprendió satisfactoriamente a los bancos que creían que el “hachazo” sería mayor (aunque luego se lo iban a cargar a sus clientes para no perder ellos beneficios, porque venden la idea de que guardan altruistamente los depósitos de sus clientes ahorradores).
También el PP beneficia a las familias numerosas que da la casualidad que en su gran mayoría tienen unos ingresos familiares muy superiores a la media estatal, o a quienes alquilan viviendas, es decir a las personas que tienen más de una vivienda y que cobran a precios no precisamente bajos (lo cual la reforma no exige como contrapartida). O a quienes tienen a su cargo algún/a  discapacitad@, cobrando 1.200 euros (100 euros al mes).
Se mantiene la deducción a los planes de pensiones, con lo que se favorece al sector bancario, ya que al caer la cuantía de las pensiones  estatales, muchas personas se financiarán con un plan. Se facilita incluso que l@s

pensionistas hagan su plan privado, avalándolo con los beneficios obtenidos de la venta de pertenencias de todo tipo siempre y cuando lo acepten los bancos.
Es evidente que el sistema fiscal español lleva golpeando a las clases populares y trabajadoras con todos los gobiernos de la democracia desde la UCD, al PSOE y al PP. Se reducen ahora los impuestos directos (IRPF, Sociedades, Patrimonio, etc.) y se disparan los indirectos del consumo de productos y servicios, como el IVA, que pagan en igual cuantía ricos y pobres.

Se subvencionan, dan deducciones, o reducen carga impositiva a las grandes fortunas, a través de SICAV´s, Impuestos de Sociedades, pocos tramos fiscales, que agrupan a personas con grandes diferencias en rentas salariales y patrimonios, esperando que l@s ric@s creen una mentalidad empresarial. Pero lo único que se logra es el desarrollo especulativo que no aporta riqueza productiva, ni empleo estable, disculpándose alegando que el mercado laboral es rígido. Se facilita con las sucesivas reformas laborales el despido, se reduce la indemnización, se favorece jurídicamente que l@s empresari@s retengan el cobro de subvenciones cobradas por aquell@s trabajadores/as que denuncian esos despidos, incumplirse las condiciones de la contratación.
Atemorizan a l@s trabajadores/as  sindicalistas con una dura represión judicial, haciendo que el sistema judicial reprima el sindicalismo y el derecho a la huelga, sin descabezar la presión empresarial de reventar las huelgas con despidos, impidiendo las no renovaciones con amenazas, o manteniendo unos servicios mínimos exagerados.

El resultado de toda esta política global es que cada vez hay una contratación más precaria, temporal, con menos derechos, desapareciendo el empleo indefinido y con derechos en salario, estabilidad, salud e higiene, horarios o descansos. Por no olvidar que el temor de l@s trabajadores/as para reclamar sus derechos es la actitud general.

Pero si esto es poco, la patronal insaciable sigue apostando y demandando los “minijobs” o el “despido spress” sin cargas fiscales, ni indemnizaciones. Y por si eso es poco, las grandes fortunas amenazan con irse si se les aumenta la carga impositiva.

IA tenemos clara nuestra propuesta: un estado bien dotado de infraestructuras y servicios públicos, que sean universales y de calidad, financiados por los impuestos de l@s ciudadan@s desde su verdadera capacidad impositiva, que no recaiga mayoritariamente en los impuestos indirectos al consumo que afectan por igual a las grandes fortunas y a las personas con exiguos recursos de supervivencia.

IA apuesta claramente por una reforma fiscal que tenga más tramos, que haga que quienes más tienen en ingresos, rentas y patrimonios, aporten más a la financiación del estado, para que tanto ell@s, como el conjunto de la sociedad puedan disfrutar de servicios públicos e infraestructuras de calidad y universales. Eso es verdaderamente una progresividad fiscal y la creación de un estado más justo y solidario.

La propaganda conservadora dice que los impuestos quitan una media de 184 días de poder adquisitivo a un/a trabajadora/a. por lo que se intuye que no quieren que se paguen tantos impuestos. ¿Cuánto le costaría a cada trabajador/a si tuviera que pagar cuando lo necesite, el uso de carreteras, asistencia médica, atención hospitalaria, educación, sistema jurídico, seguridad, dependencia, prestaciones a parad@s, asistencia a dependientes o a excluídos sociales?. Otra cuestión a debatir y decidir es que esa carga fiscal sea acorde a la riqueza y a los ingresos de cada persona.
Porque desde IA también nos preguntamos, ¿la actual carga fiscal cuánto “poder adquisitivo” le quita a cada persona que forma parte de la élite económica y social del estado?. Evidentemente su porcentaje es mucho menor si contamos que solo las SICAV´s tributan el 1 % de los beneficios.