Irregularidades y abusos de poder en las detenciones de Gamonal

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Miembros del grupo de apoyo a las personas ecausadas

Esta mañana, el grupo de apoyo a las personas encausadas de Gamonal ha presentado un informe en el que se esclarecen las circunstancias en que se detuvo a 49 personas durante los disturbios de Gamonal y las numerosas irregularidades y abusos cometidos en la intervención policial y, posteriormente, durante lainstrucción judicial. En el informe también se responde a las últimas declaraciones hechas por la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Burgos.
Según se extrae del informe, elaborado a partir de información pública y testimonios directos, 47 personas, 11 de ellas menores de edad, fueron detenidas durante los días 10, 11 y 13 de enero. Y dos personas más, una de ellas menor de edad, fueron detenidas una semana más tarde.  En total, 49 personas que enfrentan acusaciones de atentado contra la autoridad, desórdenes públicos, daños y destrozos, aunque, como se denuncia en el informe, ‘en la mayoría de los casos’ fueron detenidas ‘de forma totalmente arbitraria y aleatoria’. 

Según se ha explicado en rueda de prensa, ‘son varios los testimonios de personas que señalan que mientras se dirigían a su casa tras haber pasado un rato de ocio en compañía de sus amistades o simplemente aparcaban el coche tras una jornada de trabajo, fueron interceptados por la policía, que procedió a su detención.’ Otro tipo de detenciones tiene lugar en portales o comercios, en los que la gente se metía para protegerse de las cargas indiscriminadas y donde la policía entraba ‘a la fuerza, golpeando e intimidando’.
Además, según se denuncia en el informe, ‘a lo largo de los días en los que tuvieron lugar los altercados, (…) se han producido una gran cantidad de casos de hostigamiento por parte de la policía. Cacheos, seguimientos, entrada en locales privados de chavales sin orden judicial, identificaciones de personas que acababan de salir de asambleas o volvían de manifestaciones… fueron hechos habituales y frecuentes durante un periodo en el que cualquiera que paseara por el barrio podía ver apostados a decenas de policías en cualquier esquina de las calles más concurridas’
Así mismo, el informe también denuncia que ‘toda la acción policial estuvo acompañada de numerosos actos de violencia y amenaza‘. Según se recoge en el mismo ‘alguno de estos chavales manifiesta haber sido golpeado durante su detención, incluso estando esposado dentro del vehículo policial’. Un menor ‘denuncia que, además de golpes, sufrió insultos y vejaciones que, al parecer, bajaron de intensidad en el momento en el que los agentes comprobaron de que se trataba de un menor de edad.’
Este menor ya ha declarado ante el juzgado de menores, dejando constancia de las lesiones sufridas a manos de la policía. Sin embargo, unos días después, según se recoge en el informe, ‘dos de los policías que efectuaron la detención prestan declaración en el mismo juzgado, presentando sendos partes de lesiones, provocadas (supuestamente) por el menor, según el testimonio de los agentes, y que conllevaron unas bajas laborales de varias semanas.’ Desde el grupo de apoyo a las personas encausadas, se pone en duda la validez de estos partes, realizados por una clínica privada, y en los que ‘no se precisa ni el día ni la hora en los que ambos agentes son atendidos’.
Ya en comisaría, según se recoge en el informe, ‘muchos de los familiares han señalado un trato denigratorio por parte la policía‘ y tres personas fueron privadas de su derecho a llamar a un familiarpara informarle de su situación.
También, en dicho informe, se denuncia ‘la falta de concreción’ en los autos de instrucción. Así, ‘de las 17 personas detenidas’ el 10 de enero, ‘hay al menos 15 sobre las que pesan unas graves acusaciones sin que la policía sea capaz de determinar concretamente cuál es la responsabilidad individual de cada uno de los procesados.’ Esta información es confirmada por el testimonio de la directora de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre el auto del día 11 de enero, que se recoge en el informe:
“Así en primer lugar y respecto de la existencia de indicios de la comisión por parte de los detenidos A.L.C.,A.C.G.,H.H.P.,D.M.M., M.T.C., R.B.P., E.C.H., I.A.M., M.S.B., S.A.C., J.B.D., D.R.G., J.B.T., H.L.A.A., y J.E. M.F. de los delitos indicados por el Ministerio Fiscal de desórdenes públicos, daños contra bienes públicos, atentados y lesiones, se indica que los mismos son detenidos por agredir a los agentes de la autoridad lanzando piedras y botellas a la par que causaban daños en el mobiliario urbano, sin que se haga ninguna precisión más respecto a los actos concretos cometidos por cada uno de dichos detenidos…”
Según se sigue denunciando, a pesar de que ‘la jueza instructora del caso refleja esas deficiencias en los atestados policiales’, esto ‘no se traduce en una puesta en libertad de las personas detenidas, sino en una prórroga de la detención en dependencias policiales. (…) Esto supone privarles un día más de su libertad cuando no existen pruebas concluyentes de su implicación.’
Por otro lado, el informe también critica la imposición de fianzas de 3000 € a dos personas detenidas el 11 de enero y a cuatro el lunes 13, ya que, ante la falta de concreción de la responsabilidad individual de cada una de las personas, no se comprende ‘cuál es el criterio diferencial que determina la adopción de esta medida respecto a los anteriores detenidos’.
Como ya se ha señalado, los procesos abiertos con personas menores de edad ya se están resolviendo. Según publica hoy el Diario de Burgos, la Fiscalía de Burgos ha rechazado solicitar medidas cautelares para los 13 menores de edad que fueron detenidos. En cambio, los procesos judiciales de las personas mayores de edad pueden durar entre 3 o 4 años, según se detalla en el informe, en el que también se dacuenta del ‘desasosiego y el fuerte impacto psicológico que los acontecimientos están teniendo tanto en las personas procesadas como en sus familias.’
Aunque desde el grupo de apoyo a las personas encausadas, se anima a las familias a volver a la normalidad, los constantes intentos de criminalización por parte de los medios de comunicación y las administraciones públicas no ayudan. Tampoco ayuda el acoso policial que se vive aún en el barrio. Según se relata en el informe presentado, todavía el 18 de febrero la policía entraba en el local de dos personas encausadas con el objetivo de recordarles ‘su condición de procesados por los incidentes acaecidos en torno a la lucha contra el bulevar de la calle Vitoria.’
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Por eso, desde el grupo de apoyo a las personas encausadas, se exige ‘a la policía, a sus mandos y a sus responsables políticos que acaben con estas campañas de acoso y hostigamiento.’ En rueda de prensa, se ha denunciado también el hecho de que se requisaran dos disfraces de aberchándals en estos días de carnaval, en los que la sátira siempre estuvo permitida.
Dos días después después de la irrupción en el citado local, el pasado jueves 20 de febrero, el Subdelegado del Gobierno y el Vicealcalde del Ayuntamiento de Burgos declaran a varios medios de comunicación que se ha identificado a 40 “asistentes e impulsores de manifestaciones no comunicadas”. Y que el objetivo de estas identificaciones es iniciar un número igual de “expedientes administrativos que conllevaran o no sanción administrativa”.
Por su parte, el representante del Ayuntamiento, comunicó, según se recoge en el informe, que el consistorio no se personará como acusación particular pero sí como perjudicado, aduciendo que “el Ayuntamiento, como no puede ser de otro modo, tiene que defender los intereses generales de la ciudad y de todos los burgaleses, de modo que está obligado a reclamar la restauración de los daños públicos”.
Desde el grupo de apoyo a encausados se considera que ‘ambas instituciones emplean una burda estrategia de criminalización e intimidación, con el objetivo de desactivar la movilización de la gente ante atropellos como la fallida construcción del Bulevar y otros cometidos por y desde el poder’, declarando que ‘las luchas contra la corrupción, los abusos de poder, en contra de la miseria e injusticias diarias, deben ser una constante entre los habitantes de Burgos (…) para lograr transformar esta sociedad, en evidente decadencia, en otra con mayor justicia social, igualdad y liberada de aquellos poderosos que, de forma continua, atentan contra derechos fundamentales del resto de la ciudadanía.’
Fuente:http://gamonalniunpasoatras.wordpress.com/