Democracia y libertad: el cuerpo de las mujeres como campo de batalla

Paula Quinteiro, enfermera, activista social y militante de Esquerda Anticapitalista Galega.

El viernes 20 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida y del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada. El título y los mecanismos no dejan de ser irónicos. Los derechos de la mujer se ven mermados una vez más por un Partido Popular que recorta derechos individuales desmontando servicios públicos, en nombre de la libertad, y liquidando los mecanismos de bienestar garantizados por el Estado. El Estado, para el Partido Popular, no es una herramienta para aumentar el bienestar de la población y garantizar derechos, es una máquina para impulsar recortes y atacar a la democracia.

¿A qué nos enfrentamos?

En esta ocasión, el gobierno del PP arremete contra las libertades sexuales y reproductivas de las mujeres, imponiéndonos la maternidad y fomentando exclusivamente nuestro rol reproductor.
Con esta ley nos muestran una vez más su verdadera cara, conservadora y retrógrada. Desde 1985 rigieron leyes de plazos, ahora retrocedemos casi 30 años y volvemos a una ley de supuestos, aun más restrictiva que la de 1985. Sólo será legal abortar bajo dos supuestos: el embarazo fruto de la violación (hasta 12 semanas), y el grave peligro para la salud física o psíquica de la mujer gestante (hasta 22 semanas).

Se elimina el supuesto de la malformación fetal, con la excusa de no discriminar a los discapacitados. Por un lado, proclaman la defensa de los y de las más vulnerables, y por otra les atacan constantemente con su austeridad, reduciendo las ayudas a estas personas con autonomía restringida. Esta ofensiva neoliberal está aumentando su exclusión social, cambiando el Estado del Bienestar, que había servido en los últimos años como principal fuente de legitimación del sistema, por un modelo de beneficencia.

El paternalismo machista de esta nueva regulación también se refleja en medidas como el aumento del período de reflexión obligatorio, que pasa de 3 a 7 días, tras recibir información y asesoramiento por profesionales sanitarios que carecen de la formación específica. Además, los abortos realizados fuera de los supuestos citados anteriormente pasan a ser delito, pero sólo será castigado el médico que los realice (de 1 a 3 años de cárcel). La mujer no tendrá consecuencias penales, ya que pasa a ser considerada una víctima. Si esta ley hubiera estado vigente en el año 2012, el 91,26% de los abortos no se podrían haber realizado de manera legal, ya que ese es el porcentaje de mujeres que interrumpieron el embarazo por petición propia fuera de los supuestos.

¿Por qué ahora?

Hay múltiples razones que llevan al PP y al ministro Gallardón a impulsar estas medidas. Los recortes y la austeridad también afectan a la base social del Partido Popular, cercenándola y haciendo que buena parte de su electorado tradicional esté dispuesto a mirar a otras opciones partidarias a la hora de dirigir su voto. Hacía falta un reagrupamiento de corte ideológico, ya que las políticas neoliberales empobrecen también a sus bases sociales. Si no hay éxitos económicos que vender, habrá que buscar otra clase de golpes de efecto. Ahora que se acercan las elecciones europeas y que la doctrina Parot y ETA ya no parecen ser tan rentables, hay que buscar un nuevo "objeto" (es así como el PP ve a los seres humanos) sobre el cual centrar los ataques. Las mujeres y la familia son un clásico que nunca falla.
El relanzamiento de este discurso, que parecía olvidado pero que aún subyace en parte minoritaria en la sociedad española, pretende mostrar a la mujer como una persona sin capacidad de decisión. Un sujeto pasivo incapaz de pronunciarse sobre su cuerpo y sobre su maternidad, y la subordina a terceras personas que actuarán como meros gestores de un derecho hasta ahora hasta cierto punto personal.

En este caso es el Estado quien modula el ejercicio de este derecho, anteponiendo una vez más la subjetividad de las creencias religiosas frente a la objetividad de los derechos sexuales y reproductivos. Esto vuelve a hacer patente la sumisión del actual gobierno del Partido Popular a la Iglesia Católica, ya que esta reforma responde indudablemente a los intereses de esta institución todavía omnipresente en el Estado Español, la cual, como residuo feudal que es, depende para ejercer su poder y mantener sus intereses materiales de ligarse a los aparatos del Estado y de ejercer un papel de garante del orden en la sociedad civil.

Argumentan que quieren defender el derecho de las mujeres a ser madres, pero para ellos sólo son válidas las que pertenecen a una familia normativa heteropatriarcal. No hay que olvidar que han manifestado repetidamente su intención de limitar el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres lesbianas y a las solteras. Los planes del Ministerio de Sanidad pasan por excluir a las parejas no integradas por un hombre y por una mujer, legitimando exclusivamente el único modelo de familia que encaja en sus postulados dictados directamente desde El Vaticano.

Otro de sus argumentos fundamentales es la "defensa de la vida", que bajo el gobierno del PP se reduce a los 9 meses de gestación, ya que una vez que se sale del útero materno, la mayoría de las personas están condenadas a una vida de miseria. No se defiende la vida, sino que se atenta contra ella. Las mujeres con embarazos no deseados se verán abocadas a abortar en clínicas clandestinas sin garantías de salubridad, o bien en el extranjero, si cuentan con los recursos económicos suficientes. Aunque la violencia se ejerce contra todas las mujeres, son las de clase trabajadora las más afectadas. Abortar en Londres, según los cálculos más moderados, puede costar 5000 euros en total. La lucha de clases llega así a los cuerpos de las mujeres.

Para disminuir el número de embarazos no deseados y los abortos es necesario un mayor acceso a la información en materia de sexualidad, así como posibilitar sin ningún tipo de traba el uso de métodos anticonceptivos. Deberían incluirse en los planes de estudio, especialmente, en profesiones socio-sanitarias, acciones formativas protocolarizadas sobre derechos sexuales y reproductivos desde el enfoque de género.

Este ataque, sumado a todos los efectuados sobre las mujeres desde el estallido de la crisis, no hace sino aumentar las desigualdades de género. Estos recortes de derechos tienen una dimensión económica diseñada para garantizar la reproducción de capital. Pretenden imponernos la tarea de ser madres, igual que nos imponen el cuidado de las personas dependientes, reduciéndonos a meros entes reproductores y obligándonos a cumplir con nuestro rol tradicional de sumisión.

El ministro Gallardón, que alardea de la defensa de los derechos de las mujeres, debería establecer la implicación de las instituciones en la tarea de cuidados, ya que debe ser una tarea llevada a cabo por el conjunto de la sociedad y no exclusivamente por la mitad de ésta. Pero el PP prefiere cargar sobre las mujeres lo que recorta en bienestar. Así, la estrategia para recuperar los derechos sociales recortados y la lucha feminista, quedan conectados. Luchar por los derechos de las mujeres genera contradicciones irresolubles en un sistema que requiere del trabajo no pagado femenino para mantener la explotación del mundo laboral; por otra parte, confrontar con un sistema que para mantener los beneficios de una minoría requiere de la "acumulación por desposesión" de la mayoría de la población es condición necesaria para avanzar en la conquista de la igualdad entre hombres y mujeres, en la autonomía sobre nuestros cuerpos. Ese es el verdadero significado de la democracia: medios materiales e ideológicos para que las personas puedan decidirlo todo.ç

¿Qué hacemos?

La contrareforma del aborto es un ataque de extraordinaria gravedad. Los retos son enormes y no podemos permitirnos relegar esta lucha a un segundo plano. Es urgente otorgarle la centralidad política que merece. Esta ley nos impone precariedad y miseria material a las trabajadoras que necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo para mantenernos, a la vez que institucionaliza la violencia sobre el conjunto de las mujeres. Porque violencia no es sólo el maltrato penado legalmente, violencia es también privarnos de los recursos materiales y legales para poder decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas.

El aborto debe estar fuera del código penal, debe ser un derecho al que las mujeres podamos acceder de manera gratuita en la sanidad pública. Así pues, es necesario construir una propuesta alternativa que convierta el derecho a decidir sobre los cuerpos en una demanda transversal amplia, que agregue a sectores que tradicionalmente no tienen vinculación con el feminismo organizado o la izquierda militante, evitando caer en discursos autorreferenciales, construyendo una hegemonía basada en los derechos y en las libertades personales. El feminismo es una lucha por la democracia; todas y todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde, para que nadie decida por nosotros.

Publicado originalmente en Praza Pública: http://praza.com/opinion/1554/democ...